Sin tradición histórica, sin arraigo en la comunidad y más caro que el Defensor del Pueblo. Ninguna de las tres razones alegadas por la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, para liquidar el alto comisionado autonómico para la defensa de los derechos de los ciudadanos manchegos es de aplicación a la institución del Síndic de Greuges. El organismo que dirige José Cholbi y cuya sede se encuentra en Alicante duplica, 9.504 frente a 4.794, el número de quejas presentadas por los valencianos directamente al Defensor del Pueblo estatal, cargo que ocupa en funciones María Luisa Cava de Llano y Carrió, según los últimos informes anuales correspondientes a 2010. Si se tienen en cuentas las quejas registradas en 2011, casi 12.000 —todavía no se ha presentado el informe pero la institución ya tiene los datos—, el Síndic casi triplica las peticiones de auxilio a la Defensora.
Pero además, cada queja con expediente tramitada por el comisionado autonómico —que tiene su origen en una figura medieval— «costó» en 2010 a los valencianos 382 euros frente a los 458 que supuso para las arcas estatales el total de asuntos abordados por Defensor. Eso sí, el sostenimiento del comisionado estatal representó para cada español un «desembolso» de 0,34 céntimos al año, frente a los 0,71 del Síndic para los valencianos.
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tiene sobre la mesa la decisión sobre el futuro del Síndic de Greuges, que se abordará en la reunión de presidentes autonómicos a celebrar en Valencia con el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, centrada en la reforma de la Administración para hacerla más barata y eficiente. Una de las cuestiones es la supresión de organismos autonómicos «duplicados» a nivel estatal. Cospedal ya iniciado el camino suprimiendo el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, así como el Tribunal de Defensa de la Competencia —que en Valencia no llegó ni a ponerse en marcha de forma efectiva— y el Comité Económico y Social. Respecto al defensor de los ciudadanos, la número dos del PP puede quedarse «aislada» tras la decisión del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de mantener el Valedor do Pobo aunque eliminando los tres vicevaledores y reduciendo cargos. Una vía que bien podría seguir Fabra para rebajar en un 30% el coste de la institución sin tener que liquidarla.
Los números no resisten comparación respecto al organismo estatal. En 2010, los valencianos presentaron 9.504 quejas al Síndic, de las que tan sólo 215, el 2,3%, eran competencia estatal y el defensor autonómico las remitió a Madrid. 21 de los expedientes fueron abiertos de oficio por el propio Síndic. El mismo año, desde la C. Valenciana se formularon 4.794 reclamaciones, la mitad. Pero además el comisionado valenciano atendió 11.742 consultas ciudadanas. En total, 21.246 actuaciones relacionadas con la C. Valenciana, cuatro veces y media más que el Defensor estatal que, según la institución autonómica, en su cómputo incluye como quejas también las consultas. En 2011, si se suman también las consultas, la cifra se dispara hasta las 28.000 actuaciones.
0,71 céntimos por valenciano
Con un presupuesto en 2010 de 3,631 millones, cada queja gestionada por el Síndic «costó» a los valencianos 382 euros, mientras que las 34.674 que tuvo a nivel estatal el Defensor, con una dotación anual de 15,886 millones, salieron a 458 euros. Aunque es cierto que no siempre ha sido así. 2010, año de profunda crisis y recortes, triplicó las reclamaciones de 2009, 3.647, frente a 2.343 del comisionado estatal, lo que significó un gasto por queja de 1.001 euros. En 2009, cada una de las 22.287 quejas del Defensor costaron, en cambio, 716 euros.
En el pasado ha sido incluso peor. El Síndic, puesto en marcha en 1993, ha tenido menos quejas que el Defensor en tierras valencianas hasta 2006. A partir de 2007 se invirtieron los números (1.856 reclamaciones al autonómico y 1.584 al estatal), con la Adjunta primera al Síndic, Emilia Caballero, al timón, en funciones. La brecha no dejó de ampliarse —pese al boicot del PP y los intentos de derribo del Consell de Camps— a favor del organismo autonómico, hasta alcanzar con Cholbi los mejores números hasta la fecha. De la gestión de éste dependerá la supervivencia de la defensoría autonómica.
A diferencia del Síndic, el defensor manchego, creado en 2002, siempre fue detrás del estatal. Con 1.171 quejas en 2010 y un presupuesto de 2,182 millones, cada reclamación salió a 1.863 euros (1.998 en 2009). Ese mismo año se registró un número similar de escritos al Defensor del Pueblo, 1.009. En 2009 hubo 1.049 al autonómico y 756 a Cava de Llano desde Castilla-La Mancha. Además, el 5,5 % de las quejas se remitieron al órgano estatal al ser de su competencia. El sostenimiento del defensor manchego es el más alto, 1,03 euros por ciudadano de Castilla-La Mancha.
