El Parlamento Europeo aprobó ayer un informe que reclama que los aeropuertos regionales sean «sostenibles económicamente a medio plazo» y no aumenten el déficit público. La resolución incide en la necesidad de evitar infraestructuras «sin utilizar o utilizadas de forma ineficiente, que podrían suponer una carga económica para las autoridades». Una definición en la que encaja el aeropuerto de Castelló, propiedad de la Generalitat, que ha supuesto una inversión de 150 millones de euros y que permanece cerrado sin que el gobierno valenciano encuentre la fórmula para ponerlo en marcha.

El informe aprobado ayer por la Eurocámara subraya que es «conveniente evitar la proliferación de aeropuertos regionales». Según señala, antes de construir una instalación de este tipo, es necesario elaborar un análisis de costes y beneficios y llevar a cabo consultas a escala local y regional para poder optar a ayudas comunitarias.

La resolución pretende evitar que se repitan experiencias como la del aeropuerto de Castelló, impulsado hace más de una década por la Generalitat y la diputación para dar impulso a unos proyectos urbanísticos y turísticos que no se han ejecutado. La infraestructura se levantó basándose en cifras desorbitadas, como la previsión de 40.000 nuevos apartamentos y chalés, 14 campos de golf, un parque de ocio y 400.000 nuevos residentes.

Un lastre

Lo único que se ha materializado de todo esto es el aeropuerto, que se ha convertido en un problema para la Generalitat, propietaria del complejo. El Consell rompió el contrato con la empresa a la que había delegado la explotación porque no podía cumplir las condiciones económicas pactadas. La gestión la ha asumido la sociedad pública Aerocas, presidida por Carlos Fabra, que trabaja en la tramitación de los permisos de apertura ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

El gobierno valenciano busca y no encuentra una salida para la instalación, que ha costado 150 millones de euros y que sigue sin aviones 14 meses después de su inauguración. El Consell no da con la fórmula que le permita librarse del lastre que supone una infraestructura que en gastos corrientes devora casi 300.000 euros al mes. Hasta la prensa extranjera habla del aeropuerto de Castelló como un «elefante blanco», expresión que define aquellos proyectos que implican un coste de mantenimiento mayor que sus beneficios. La Generalitat planteó poner el proyecto en manos de otra empresa externa e incluso se especuló con una posible venta si surgía algún comprador interesado, pero la operación no parece factible.

Los plazos de apertura del aeropuerto son una incógnita. Aerocas lleva casi un año tramitando en Madrid la certificación del proyecto, pero los fallos detectados en la obra, como la de la plataforma de giro de los aviones, han retrasado el proceso. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ya ha advertido de que la apertura del aeropuerto no se producirá hasta que no haya un número suficiente de aviones «que lo hagan justificable». Por ello, se trabaja en un nuevo plan de viabilidad.