A los apóstoles de la fusión de municipios, burócratas que desde sus despachos instan a suprimir ayuntamientos invocando la supuesta eficiencia de la fusión (proponen un mínimo de 5.000 habitantes por pueblo, lo que haría desaparecer siete de cada diez municipios valencianos), les vendría bien perder una hora en el laboratorio de la realidad. Por ejemplo, en Bellús, Guadasséquies y Sempere: tres pueblos de la Vall d´Albaida seguidos uno del otro y que suman entre los tres 865 habitantes. En teoría, un caso de despilfarro de manual y un sinsentido administrativo. En la práctica, en cambio, una lección de las ventajas que conlleva una figura administrativa tan poco conocida como la «agrupación» y una constatación de lo difícil que es ahorrar suprimiendo estas localidades.

Bellús: aquí nadie cobra.

La primera parada es Bellús. Su alcaldesa, Susana Navarro, tumba el primer tópico. «¿Ahorrar en políticos? Aquí no cobra nadie: ni la alcaldesa ni ninguno de los siete concejales. Está previsto que cobremos 10 euros por pleno (unos dos al trimestre), pero no los cobramos», dice. No es una gran excepción: en los 60 ayuntamientos de la Costera, la Canal y la Vall d´Albaida (un vivero de pequeñas localidades perfectamente extrapolable al resto de comarcas), seis de cada diez alcaldes no cobra nada por dirigir sus municipios. Si acaso, esas irrisorias compensaciones de los plenos. El resto, los alcaldes que sí cobran, perciben una media que ronda los 1.800 euros al mes.

Las sorpresas van en aumento. Uno de los dogmas de la fusión de municipios es la necesidad de evitar duplicidades. En Bellús (385 vecinos), más que duplicar servicios, se subdividen. La recogida de basura la realizan en común con la Mancomunitat de la Vall d´Albaida. La asistenta social la comparten con Otos, Beniatjar, Benissoda, Guadasséquies y el Palomar. La archivera —que acude una vez al mes— y el servicio de perrera lo tienen mancomunado con el resto de la comarca. Y gracias a un convenio con la Diputación de Valencia, sólo pagan un tercio del arquitecto que les asiste dos horas a la semana para revisar las obras, de la técnica agrícola que acude una vez a la semana y de la aparejadora que trabaja con el municipio.

Además, la gestión y el cobro de los impuestos de los vecinos de Bellús lo realiza la diputación. ¿Limpieza? «Las mujeres agranen i arruixen el carrer, como toda la vida, y la alguacil (contratada seis horas al día) limpia los edificios públicos», explica la alcaldesa. Después está el intangible concepto de solidaridad y voluntad. El concejal de Servicios, Pepe Fernández, hace de manitas gratuito para el ayuntamiento (arregla farolas, recoge la maleza…), y los jóvenes del pueblo abren la biblioteca dos tardes a la semana.

Así pues, del consistorio sólo cobra la alguacil, la Agente de Desarrollo Local (con labores administrativas) y el secretario del ayuntamiento. «Un pueblo pequeño no tiene por qué ser deficitario. Pero sería grave que desaparecieran las diputaciones, porque su papel es fundamental en estos municipios», concluye Susana Navarro antes de despedirse.

Guadasséquies, mancomunada.

La carretera —nada de sinuosa, conviene aparcar estereotipos españaprofunderos— llega enseguida a Guadasséquies (440 habitantes). Antes que salir en el periódico, la alcaldesa se demora con su nieta —(ai, la cosa més bonica del món!) que ha venido a saludarla. Carmen Vidal, que lleva 13 años con la vara de mando, dibuja un escenario similar de servicios mancomunados que no hace falta repetir. Entonces, ¿en qué se van los 400.000 euros que tiene el presupuesto municipal?

Principalmente, según la alcaldesa, en el mantenimiento de edificios básicos para la vida de un pueblo, como la escuela infantil, el colegio, el centro de salud, la Casa de la Joventut o el gimnasio, y en subvencionar a los colectivos locales: jubilados, amas de casa, cazadores, colombicultores, dos cofradías, banda de música… Si fusionaran Guadasséquies con otros pueblos, alguien debería mantener esos mismos servicios y ayudar a las asociaciones, subraya la alcaldesa. Pero añade un matiz interesante: «Lo que sí tendría que fomentarse es compartir personal como el de secretario municipal, porque para mí es una ruina tener que sostener un sueldo de 3.000 euros al mes cuando no me hace falta para nada tenerlo todos los días».

«Agrupación», la solución.

La respuesta está en la reformada ley valenciana de Régimen Local, de 2010. Aunque también permite al Consell suprimir pueblos de menos de 500 vecinos y fusionarlos con otros si las condiciones económicas lo hacen conveniente, la nueva ley potencia una figura clave en este debate de reordenación territorial.

Es la «agrupación». Fuentes de la Generalitat, recelosas del anuncio de fusión planteado por el Gobierno, apuntan que el futuro de los municipios pequeños transcurrirá por esta senda que permite, no ya mancomunar servicios, sino —y ésta es la novedad de la ley— «formar agrupaciones de municipios para el sostenimiento en común de personal». Es decir, pagar a un administrativo entre dos, tres o cuatro ayuntamientos. Es el segundo escalón: detrás de la unión de servicios va el sostenimiento del personal entre varios consistorios. Conclusión: las herramientas para que los municipios pequeños ganen eficiencia ya existen y muchas se utilizan. Tal vez lo que ahora conviene es utilizarlas al máximo.

Sempere, sin deuda.

La excursión finaliza en Sempere, que con sus 36 habitantes es el pueblo más pequeño de la provincia de Valencia y el tercero con menos habitantes de la Comunitat Valenciana. Aquí sólo trabaja una auxiliar administrativa en el ayuntamiento dos días por semana, y el secretario (que sólo acude un día) está mancomunado.

«Y no debemos nada a nadie, el ayuntamiento está saneado», destaca su alcalde, Miguel Juan, de quien no hace falta decir que no percibe ni un céntimo de los 60.000 euros de presupuesto municipal. «Si nos fusionaran, saldríamos más caros. ¡Seguro que habría que pagar la dedicación exclusiva a un alcalde para todos! Además, el municipio más grande de la fusión concentraría la mayor atención y los pequeños no tendríamos fuerza para nada», objeta.

Eficiencias aparte, también está la dimensión afectiva, identitaria, personal. «Aquí nacimos, aquí fuimos a la escuela y muchos, incluso aquellos que se han marchado a vivir fuera, queremos ser enterrados en Sempere. Si dicen que estos pueblos no tienen futuro, cuando se acaben ya se acabarán—dice Miguel—. Pero que no lo hagan a la fuerza».