Construcciones Taroncher y Asociados S. L., cuyo apoderado es íntimo amigo del conseller Serafín Castellano, ha tenido en la Generalitat su mejor cliente. Le han llovido contratos de todo tipo de su patrocinador, el exconseller de Sanidad y hoy titular de Gobernación. Fue Castellano quien introdujo a la empresa de José Miguel Pérez Taroncher, su amigo de jugar a pilota e ir de cacería, en el negocio de las adjudicaciones a dedo de contratos menores. Hasta un total de 200.000 euros facturó la constructora familiar al Consell entre 2006 y 2007 por esta vía.
Pero, además de irregularidades, la firma apadrinada por Castellano ha recibido encargos totalmente al margen de la ley. La empresa acometió obras en La Fe por 498.025,29 euros sin que mediara convocatoria, ni adjudicación oficial del encargo, ni siquiera un procedimiento negociado sin publicidad, esto es, a dedo.
De haberse dado este último supuesto habría sido ilegal porque la cuantía excedía los 50.000 euros fijados como tope para un contrato menor. Fue peor. Se hizo un encargo clandestino a Construcciones Taroncher para que acometiera obras de «reforma de la estructura del Pabellón General integrado en el Hospital La Fe durante 2008».
El problema le sobrevino a la constructora cuando intentó cobrar. El director económico del Área de Salud 7 certificó que los «servicios y suministros» se habían realizado y en virtud del llamado principio de «enriquecimiento injusto» de la Administración si no abonaba las obras, entendió que había que pagarle. Pero el director gerente de la Agència Valenciana de Salut ordenó el 9 de diciembre de 2008 incoar un expediente «de determinación de responsabilidades de las personas que hayan intervenido en la gestión económica-administrativa de las prestaciones que han generado obligaciones pendientes de pago».
En esa misma decisión el gerente hizo constar que la contratación de Taroncher se hizo «sin seguir los procedimientos legales establecidos». El 17 de diciembre, el entonces conseller de Sanidad, Manuel Cervera, firmó una resolución que venía a ser una amnistía, una ley de punto final para poder «aprobar el gasto y autorizar a La Fe para que proceda a dar curso a las correspondientes propuestas de pago». Para ello, el conseller Manuel Cervera decidió «convalidar mediante el presente acto declarativo de derecho los actos del expediente invalidados por infracción del ordenamiento jurídico». Esto es, declarar por decreto que lo ilegal pasaba a ser legal.
Finca comprada a medias
Y así fue como Pérez Taroncher cobró unos meses después de que su esposa, María Ángeles González, administradora de la constructora, y la de Serafín, Nuria Fundamento Rioja, escrituraron —el 25 de abril de 2008— ante notario la compra de una finca de dos hectáreas y media en Llíria a nombre de la mercantil l´Alqueria Vella S. C. P. por un precio declarado de 130.392 euros. Se pagó, según documento notarial, con dos entregas en efectivo de 30.000 y 17.792 euros y un cheque de 82.600, cantidad esta última que se corresponde con un préstamo del Banco Popular firmado solidariamente por las citadas María Ángeles González y Nuria Rioja y por el propio Serafín Castellano, casado en régimen de gananciales.
