El caso Fabra no parece tener un final a corto plazo. Después de más de nueve años de instrucción en el Juzgado de Nules y 20.000 foliso de sumario, un nuevo recurso amenaza con paralizar el proceso.
La Audiencia Provincial de Castelló que preside Carlos Domínguez ordenó al juez de Nules que diera carpetazo al delito de cohecho supuestamente cometido por el presidente del PP provincial, Carlos Fabra, al mediar en los ministerios por los productos de Naranjax. Esta decisión provocó la reacción inminente del juez de Nules Jacobo Pin, que pidió el amparo del Consejo del Poder Judicial al sentirse "perturbado e inquietado" en su independencia judicial.
Y además la Fiscalía Anticorrupción recurría la decisión de la Audiencia en casación ante el Tribuna Supremo, un órgano judicial que no podrá dictar una sentencia antes de seis meses. En el peor de los escenarios posibles, la resolución del Supremo podría demorarse por un año más, con lo que la instrucción cumpliría una década desde que estalló el escándalo político. De esta manera, el caso Fabra amenaza con convertirse en el paradigma de sumario interminable por corrupción.
La Fiscalía ha presentado ya ante la Audiencia Provincial el recurso que anuncia el de casación ante el Tribunal Supremo para que se juzgue a Carlos Fabra no solo por fraude fiscal y tráfico de influencias, sino por cohecho.
Por segunda vez, el Supremo tendrá que dirimir una controversia que no han sabido resolver los juzgados castellonenses. Hace unos meses, el Alto Tribunal fallaba sobre otro recurso, esta vez presentado por el propio Fabra, y concluía que los delitos de fraude fiscal que persiguen al líder provincial del PP no han prescrito.
Desde el año 2003, cuando estalló el caso, el expresidente de la diputación de Castelló ha ido presentando una serie de recursos que han dilatado el procedimiento hasta llegar a los nueve años de instrucción. "Está es su derecho de hacer esto como imputado, pero la Justicia tiene mecanismos para averiguar si la práctica de sus abogados puede incurrir en dilaciones indebidas", aseguran fuentes de la Ciudad de la Justicia de Castelló.
La Audiencia Provincial devolvió el caso Fabra al juzgado de Nules cuando el caso estaba prácticamente concluido, según explica el juez instructor, Jacobo Pin, en su escrito de amparo ante el Poder Judicial. Pin asegura en esta resolución que la Audiencia Provincial que preside Carlos Domínguez ha estado presionándole para que archive parte de la causa, en concreto la que se refiere al cohecho supuestamente cometido por Fabra. El Tribunal Supremo, que decidirá sobre esta cuestión, se está convirtiendo en el último bastión de la investigación del caso Fabra, cuya tramitación ha provocado un auténtico cisma en la Justicia castellonense.
El Alto Tribunal no solo ha sentenciado que los delitos de fraude fiscal supuestamente cometidos por Carlos Fabra no han prescrito, sino que últimamente ha rechazado otro recurso del líder provincial del PP y de su exmujer, María Amparo Fernández, que acusaron a la revista Interviú por publicar sus datos fiscales. El Supremo rechaza el recurso de los Fabra por falta de pruebas, añade que "no cabe ninguna duda sobre su inadmisibilidad" y condena al mandatario del PP y a Fernández al pago de hasta 3.000 euros en costas procesales al Abogado del Estado.
El caso Fabra estalló en diciembre de 2003, cuando un empresario de Artana, Vicente Vilar, gerente de Naranjax, interpuso dos querellas contra el entonces presidente de la Diputación y del PP en Castelló, al que acusó de cobrarle "comisiones millonarias" a cambio de su mediación ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para la aprobación de licencias fitosanitarias.
