El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, reclamó ayer que se haga "mucha política energética y poca política con la energía, porque al final lo pagamos todos". Galán fue uno de los intervinientes en el II Congreso Nacional de Directivos, organizado en Valencia por la Asociación para el Progreso de la Dirección. Su ponencia versaba sobre Energía en busca del equilibrio. Seguridad, coste y sostenibilidad y en el transcurso de la misma pidió para el sector un marco normativo "estable y predecible, con las reglas establecidas de antemano". En su opinión, ese nuevo modelo debe surgir de la nueva ley del sector eléctrico que prepara el Gobierno y debería incluir la completa eliminación del déficit de tarifa. En ese escenario, con un sistema económica y medioambientalmente sostenible, las empresas energéticas podrían ejercer de una manera más incisiva como motores de la recuperación económica. A este respecto, recordó que el sector invierte en su conjunto de forma recurrente 6.000 millones al año.
Como viene siendo habitual en él, el presidente de Iberdrola insistió en el déficit de tarifa, que cifró en 32.000 millones de euros, de los que 12.000 corresponden a "subvenciones o primas" que van dirigidas a tecnologías "inmaduras" como la energía solar, que recibe la mayor parte de las ayudas en energías renovables pese a que solo produce el 4 % del total de electricidad. Galán cree que la situación es "tan irracional" como que tres o cuatro empresas están "financiando el desarrollo de sus competidores", lo que, en su opinión, "no ocurre en ningún entorno". En relación con esto, el presidente de Iberdrola añadió que es preciso determinar el tipo de modelo que se quiere implantar en el país y cuestionó "si España se puede permitir pagar 70.000 millones de euros de aquí a 2020 en primas" para las renovables y otras tecnologías necesitadas de ayudas.
Por último, anunció que los planes de Iberdrola para 2012-2014 se basarán en la "moderación de las inversiones", con un 40 % menos para un total de 12.300 millones, "la gran parte en Reino Unido y Brasil", además de "desinversiones de activos en países no estratégicos por valor de 2.000 millones".
