El Gobierno valenciano descarta hacerse cargo de la deuda de 4,1 millones que todavía, casi siete años después, arrastra la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, que organizó la visita a Valencia de Benedicto XVI en 2006, al considerar que, con la aportación de 2 millones que hizo en 2010, ya puso su parte de acuerdo con su representación en el patronato, el 25 %, por lo que, en todo caso, los fondos deberían salir del resto de miembros, Diputación y Ayuntamiento de Valencia y Arzobispado, cada uno con un 25 %. Lo aseguró ayer en las Corts el secretario autonómico del sector público empresarial, Bruno Broseta, quien además señaló que la fundación debería haberse extinguido ya, por lo que urgió al "presidente efectivo" de la entidad, designado por el Arzobispado, a convocar el patronato "a la mayor brevedad" para adoptar esta decisión.
Broseta, quien compareció en la comisión de Economía, apuntó que "una de las razones por las que puede que no se haya adoptado el acuerdo de extinción" es que, al cierre de 2011, había 4.142.000 euros pendientes de pago a acreedores comerciales. Acto seguido, recordó que, en 2009, las pérdidas eran de 7,9 millones pero en 2010 el Consell inyectó 2 millones, cifra que "no es una aportación cualquiera", por cuanto "coincide con el 25 % [de 8 millones], su parte alícuota en el capital fundación y de participación en el patronato".
Si cada patrono hubiera puesto dos millones se habría "saldado" la deuda, constató, para insistir en que la Generalitat los puso "pero el resto de patronos, que sepamos, nada". "¿Quién va a pagar la deuda?", se preguntó, para contestarse: "Lo tendrán que hablar dentro del patronato las cuatro entidades implicadas". Pero, insistió, el Consell ya puso su parte "equivalente al 25 %" y "no va a hacer en absoluto una aportación adicional porque en las condiciones actuales existen otras prioridades".
"Hicieron 'un Betoret y Campos'"
"Han hecho 'un Betoret y un Campos' en vez de 'un Ricardo Costa' al pagar antes de saber lo que harían los demás", se mofó Ignacio Blanco (EU) en alusión a la actitud de los entonces imputados en la causa de los trajes. Mònica Oltra (Compromís) recordó cómo la trama Gürtel se enriqueció con la visita papal y el socialista Jordi Serra afeó la "transparencia" del proceso.
El expresidente Camps convirtió en un gran evento la visita del Papa pero ayer la cosa no iba con el Consell. Aunque se nutrió en su mayoría de fondos de la Generalitat con más de 12 millones gastados, la fundación es "privada", "no pertenece al sector público de la Generalitat" (al no tener el 51 %) y no está sujeta "al control de la Intervención ni de la Sindicatura", alegó Broseta, para añadir que "no está obligada a someterse a una auditoría y puede formular sus cuentas de forma abreviada". No se ha extinguido, indicó, pese a que desde 2007 está en causa de disolución legal al haber cumplido su fin fundacional, ya que el Arzobispado "no ha convocado el patronato". "Parece ser -conjeturó- que no tuviera todas sus operaciones" y "todavía generó movimientos en 2007 y en 2009".
Los huevos kinder y las pechugas Villaroy
El interventor general de la Generalitat, Francisco de las Marinas, consideró ayer que la compra de huevos Kinder, golosinas o pechugas Villaroy "no parece que se ajusten" a los pagos con cargo a la caja fija que prevé la normativa, en respuesta a las críticas de la oposición por éstas y otras facturas abonadas por ese sistema en ejercicios anteriores. De las Marinas, quien compareció en las Corts, precisó no obstante que no dispone de "datos" sobre esas facturas concretas y otros gastos cargados por personal de la Generalitat, como el viaje a ver al Papa del exconseller y actual presidente de las Corts, Juan Cotino.
"No me parece que se ajusten, eso es evidente, aunque no tengo los datos", indicó, para apuntar que los gastos con cargo a la caja fija "no se encuentran sujetos a intervención previa", sino a "controles selectivos, utilizando técnicas de muestreo". Añadió que habrían realizado observaciones si gastos como los huevos Kinder hubieran aparecido en los muestreos, aunque son "errores e irregularidades de carácter administrativo que no suponen perjuicio para la Hacienda Pública".
"Los ciudadanos están hasta los huevos Kinder de quien sea", exclamó Mònica Oltra, de Compromís. Por este sistema, según el interventor, en 2010 se atendieron gastos por 173,85 millones, el 9,78 % del capítulo dos, cuando el tope es el 12 %. En 2011, 92,84 millones, el 5,22 %; y en 2012, 85,22 millones, el 2,36 %.
Por otro lado, el secretario autonómico de Administración Pública, Pedro García Ribot, indicó que tienen 13 sentencias que reconocen la cesión ilegal de trabajadores al Consell a través de asistencias técnicas, y que actualmente hay 593 contratos de servicios, de los que 144 tienen "riesgo" de acabar convirtiéndose en una relación laboral encubierta.
