­El Plan Hidrológico vigente en el ámbito del Júcar no fijó los caudales ecológicos de los ríos. No había ninguna obligación. En los ríos de mayor caudal como el Júcar o el Túria, el drama de los lechos secos se ha repetido solo en contadas ocasiones en los últimos años, aunque hay ejemplos en ambos ríos. En cauces más modestos, la desecación de su cauce o en el mejor de los casos la circulación de caudales mínimos, incapaces de mantener ecosistemas funcionales, son excesivamente frecuentes y no siempre responden a un problema geológico o al acusado estiaje de los ríos valencianos. El régimen de concesiones deja en manos de los usuarios la decisión de derivar todo el agua a la que tienen derecho legal o permitir que una mínima parte de su concesión circule por el cauce. Las situaciones anómalas se repiten de norte a sur. Algunas a la vista de todos. Con frecuencia la gente se olvida de que el Túria, el río de Valencia, no llega al mar «y eso es inaceptable», destacan colectivos como AE-Agró o Xúquer Viu, que hace unos años lideró un movimiento para devolver un cauce „con agua„ al Túria.

En la desembocadura del Mijares, un espacio natural protegido, se espera en los próximos días una mortandad masiva de peces por falta de caudal. Según Francisco González, del Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen), ante este problema, previsible, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Conselleria de Medio Ambiente «proponen como solución el rescate de los peces en lugar de establecer un plan de gestión del agua que garantice un caudal ecológico. Hay agua en el Mijares y solo por desidia no han hecho un plan de gestión hidroecológica», explica.

Con la legislación actual, dejar un tramo de río en seco puede no ser delito. Ni siquiera una falta. Y reclamar desde la Administración una parte del caudal concesional para sostener la vida en un río exigiría el pago de indemnizaciones.

Primero lo verde, luego el resto

Los nuevos criterios y exigencias derivadas de Directiva Marco del Agua (DMA), cuyo objetivo último y casi principal es lograr «el buen estado ecológico de las masas de agua», han hecho variar radicalmente la visión de los caudales ecológicos.

La DMA establece la necesidad de garantizar el mantenimiento del recurso agua en condiciones de calidad y cantidad adecuadas para la preservación de los ecosistemas. El logro de esta aspiración europea hace que la determinación del caudal ecológico para cada tramo de río sea uno de los objetivos esenciales de la planificación hidrológica, aunque el camino no será fácil.

El Ministerio de Medio Ambiente estableció en 2007 mediante un Real Decreto que la determinación de los caudales ecológicos y de las necesidades hídricas de lagos y humedales debían ser un «contenido obligado de los planes hidrológicos de cuenca».

Más aún, según la legislación española, «los caudales ecológicos o demandas ambientales deben entenderse como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación».

Dicho de otro modo: a la hora de repartir el agua disponible, la reserva de los caudales necesarios para mantener «el buen estado ecológico» de un río tendrían una prioridad solo superada por el uso de boca. Después debería venir lo demás.

La CHJ realiza desde 2006 estudios para establecer los caudales ecológicos máximos, mínimos y su secuencia temporal para cada tramo de río. Sin embargo, apenas han trascendido los resultados.

Pasar por caja

Regantes y compañías hidroeléctricas, los más perjudicados por una posible restricción de caudales basada en criterios medioambientales ya han fijado sus posiciones.

Iberdrola asegura que las afecciones a la energía hidroeléctrica pueden transformarse en «graves pérdidas» de garantía de suministro del Sistema Eléctrico Nacional. Y citan como afecciones «potencialmente más perjudiciales» la «imposición de caudales ecológicos y las restricciones a las variaciones rápidas en los caudales turbinados». Creen que algunas centrales hidroeléctricas en funcionamiento podrían ser «inviables» y añaden que «las afecciones a derechos preexistentes que se deriven de la adecuación a la Planificación Hidrológica deben ser objeto de indemnización».

Mientras, los regantes prácticamente niegan la mayor. La Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva) estima que con carácter previo al establecimiento caudales ecológicos debería realizarse un estudio económico detallado «sobre los perjuicios que se generarán para los regadíos».

Para ellos, los caudales ecológicos deberían considerarse «un uso o demanda medioambiental», no una restricción previa, y en cualquier caso, advierten, «debe ser objeto de indemnización a favor de los usuarios actuales».

La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar se atreve incluso a propone sus caudales. Como ejemplo, fijan este caudal en un metro cúbico en Antella, o en una horquilla entre 0,6 y 2 metros cúbicos por segundo como máximo en Alarcón. Consideran que no es «aceptable» que se desembalse agua para evitar que se seque el río por la sobreexplotación del Acuífero de la Mancha Oriental.

Xúquer Viu denuncia «falta de información» y una «indefinición general» de los objetivos ambientales. La organización presenta al menos una treintena de disconformidades a lo contemplado en el Esquema de Temas Importantes (ETI), sobre todo vinculadas al Júcar, cuya complejo escenario„ tramos secos en la Mancha Oriental, cuña salina en la desembocadura y su contribución mayoritaria al mantenimiento de la Albufera „ocupan una parte esencial del ETI, actualmente en fase de exposición pública.

Una acequia deja sin vida el río Palancia

El Palancia es un río especial. Nace y desemboca en la Comunitat Valenciana y alberga una de las escasas poblaciones de trucha autóctona. Sin embargo, ya en cabecera, sus caudales son desviados a través de acequias de cemento mientras el lecho del cauce se queda en seco, incluso en invierno, cuando nadie riega. Los regantes defienden el estatus actual„tienen concesiones a la totalidad del río„porque «evitan» que el agua se filtre en los tramos permeables del cauce. Mientras, el Gobierno gastó casi 40 millones de euros en construir una presa en el Algar para que el río se filtre y recargue el acuífero.

AEMS-Ríos con Vida de Valencia inició en 1999 el programa AUR (Adopta un Río) en el río Palancia, propiciando un modelo de tutela único en la Comunitat Valenciana que denuncia desde 2004 la existencia de tramos en seco. Su presidente, Pedro Merino, subraya el sinsentido de que el embalse del Regajo esté al máximo de su capacidad, pero el canal de derivación construido en paralelo al río sigue tragándose todo el caudal del Palancia los 365 días de año, sin tener en cuenta el nivel del mismo y si se esta utilizando o no el agua para el riego. De hecho la mayoría de los huertos están abandonados y la red de acequias obsoleta».

«No entendemos tanto celo en cortar y secar durante 11 kilómetros el río para que llegue al costoso y hasta ahora inoperante embalse de Algar», añade Merino, quien defiende la existencia de sistemas fluviales donde la infiltración en algunos tramos es algo «normal» en el que las aguas, superficiales o subterráneas, forman un sistema «único» en el que el caudal desaparecido vuelve a surgir con frecuencia solo unos metros más abajo del lugar donde se infiltra.

El desvío íntegro de los caudales ha sido algo plenamente legal, un «derecho» derivado de las concesiones que ejercen regantes y compañías hidroeléctricas con frecuencia. Se trata de algo tan «normal» que el caso del Palancia ni siquiera mereció ser considerado en el Esquema de Temas Importantes del nuevo Plan Hidrológico en elaboración. Sólo cuando AEMS insistió ante la Confederación Hidrográfica del Júcar este organismo aceptó la existencia de un problema y se comprometió a buscar soluciones.

«No se puede permitir que un tramo de cabecera pierda su morfología e identidad como río. Son como nosotros cuando somos niños: frágiles y sensibles y necesitan de toda nuestra protección y cuidado», apunta Pedro Merino.