El Gobierno ha encargado una auditoría externa para verificar si los costes de inversión en el almacenamiento subterráneo de gas Castor son los declarados por la empresa gestora, ya que en caso de que se retire la concesión, el Estado tendría que indemnizar a la empresa por un importe igual al valor contable del proyecto, tal como publicó ayer Levante-EMV.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, explicó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha pedido esta auditoría extraordinaria porque la instalación tenía un presupuesto inicial de unos 700 millones de euros «y al final parece ser que va a estar por encima de esa cuantía». De esta manera, el Ejecutivo podrá saber cuál es el importe exacto del proyecto.
Fuentes gubernamentales indicaron más tarde que la auditoría externa se encargó a mediados de julio para analiza el proyecto Castor, tanto en términos económicos como técnicos, y que sus resultados esperan conocerse a finales de octubre. De las conclusiones del informe auditor dependerá la retribución que reciba la instalación en caso de que consiga la autorización administrativa pertinente.
Sin embargo, el ministro Soria no desveló si el Estado tendría que compensar a la empresa gestora del proyecto Escal UGS participada en 66,67 % por ACS por la rescisión de la concesión, en caso de que esta se produjese.
El protocolo de actuación
Ante las críticas vertidas, Soria relató, paso por paso, todas las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno. En primer lugar, la empresa Escal UGS, controlada por ACS y concesionaria del almacén Castor, comenzó a inyectar gas colchón en junio de este año. El 10 de septiembre, la empresa comunicó al Ministerio la existencia de microseísmos en la zona. Ese mismo día, la dirección general de Política Energética y Minas se puso en contacto con el Observatorio Geográfico del Ebro, encargado de gestionar la actividad sísmica en la zona. El 11 de septiembre la dirección general requirió a Escal información sobre los fenómenos sísmicos que se estaban produciendo y el 16 de septiembre terminó la inyección de gas, de acuerdo a su programación de los trabajos. Unos días después, el 24 de septiembre, se produjo el primer seísmo de cierta importancia, de 3,6 grados en la escala de Richter y el día 26 Industria publicó una resolución por la que ordenaba a Escal suspender todas las actividades de inyección de gas. En ese momento se encontraban en un receso, pero estaba previsto retomar la inyección en octubre. Ese mismo día, el Ministerio solicitó un informe al Instituto Geográfico Nacional. Entonces, Industria contactó con expertos de otros institutos dependientes, ministerios y empresas.
