Los consejeros designados por el PP en el consejo de administración de RTVV volvieron a imponer ayer su mayoría para mantener el proceso de externalización de parte de la parrilla. El reciente juicio por el expediente de regulación de empleo (ERE) y la desaprobación del mismo realizada por el fiscal al pedir su anulación no han alterado los planes de la dirección, que quiere firmar los contratos con la adjudicataria lo antes posible para empezar a renovar la programación y así, espera, relanzar la audiencia.

Los consejeros a propuesta de la oposición insistieron ayer, a la vista de la «improbable» validación judicial del despido de mil empleados, en que no se confirmara la concesión de los lotes 1 y 3 de la privatización y no se aprobará la adjudicación del 2. El asunto se llevó a votación y perdieron (4 votos frente a cinco).

El consejo, de esta manera, dio por buena la explicación de la UTE formada por Videac, Endora y Mecomlys —el grupo liderado por la firma madrileña Tres60, que preside el exministro Josep Piqué—, consideró que la baja realizada al precio de licitación no es temeraria y le concedió el lote 2.

Asimismo, confirmó la adjudicación al mismo grupo de los lotes 1 y 3, después de que las empresas hayan presentado la documentación formal requerida para completar los trámites.

El consejero por Compromís Rafael Xambó calificó ayer de «temerario» dejar toda la programación externalizada en las mismas manos, por las consecuencias que tendría un posible problema económico o laboral en este grupo.

Durante la sesión, el responsable económico de RTVV comunicó también el coste de una sentencia de improcedencia del ERE. 24 millones de euros, de los que se haría cargo la Generalitat al margen de los 68 millones del presupuesto de 2013 en virtud del contrato programa. Si la sentencia es de nulidad no se sabe qué puede costar, dijeron los directivos de RTVV. Habría que contar además los salarios de tramitación ante un hipotético recurso.

Fabra dice que acatarán

Al respecto, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, aseguró ayer en las Corts que la Administración ha de «cumplir siempre la sentencia judicial». Lo dijo en respuesta a la portavoz de EU, Marga Sanz. Con todo, Fabra insinuó un posible recurso, al afirmar que utilizarán «todos los instrumentos que nos da la Justicia para defender nuestros principios».