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El juicio de Gürtel espera al PP en año electoral

Un macrojuicio por drogas y la recusación de la sala alargan el plazo para la celebración de la vista

Los próximos doce meses van a ser un calvario judicial para el Partido Popular de la Comunitat Valenciana. El siete de enero arranca el primer juicio del caso Blasco y probablemente después del verano dos exconselleras compartirán banquillo con los líderes de la trama Gürtel por las adjudicaciones de Fitur a Orange Market. El TSJ tenía intención de fijar el juicio de Fitur en abril, pero la coincidencia con un macrojuicio de drogas que acabará el 24 de junio y la recusación de la sala van a jugar una mala pasada al Partido Popular. Además, el año va a estar trufado de interrogatorios en el TSJ de las otras cinco piezas del caso Gürtel que continúan abiertas.

La Audiencia de Valencia señaló el 5 de diciembre el juicio por la operación de Gorrión, en la que está procesados dos guardias civiles y 19 presuntos narcotraficantes. La vista arrancará el 6 de mayo y está previsto que termine el 24 de junio. La Sección Tercera de la Audiencia de Valencia tuvo que coordinar su agenda con la de 16 abogados personados. El problema es que varios abogados personados en la operación Gorrión también defienden acusados del caso Gürtel y las dos vistas se solaparían. Uno de estos letrados es Juan Carlos Navarro, que lleva la defensa del presunto líder de la trama, Francisco Correa. Fuentes judiciales explicaron que tiene preferencia el primer juicio señalado por lo que la causa de Fitur arrancaría en verano.

El segundo problema es la recusación del tribunal que debía juzgar el caso Fitur. Los abogados de los cabecillas de la trama se han sumado al recurso que planteó hace un mes la ex coordinadora de Ferias de la Agencia Valenciana de Turismo Ana Grau. La funcionaria de la Generalitat defiende que De la Oliva, Climent y Ferrer «están contaminados» porque ratificaron en junio el procesamiento de las ex conselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such y del resto de acusados. El abogado de la funcionaria entiende que la imparcialidad de los magistrados puede verse condicionada porque ya resolvieron sobre el fondo del asunto. Si prospera la recusación situación que tiene un precedente en Andalucía, el juicio lo tendrán que celebrar magistrados de la sala de lo Contencioso o de lo Social del Tribunal Superior de Justicia. Fuentes del TSJ indicaron ayer que todavía no se sabe cuándo se va a resolver la recusación.

El abogado defensor de uno de los cabecillas de la trama está convencido de que la vista va a durar cuatro meses. La Fiscalía Anticorrupción pide que la ex consellera de Turismo Milagrosa Martínez sea condenada a 11 años de prisión y a 34 de inhabilitación por los supuestos contratos irregulares de Fitur con Orange Market entre 2005 y 2007. El fiscal también reclama que su sucesora en la Conselleria de Turismo, Angélica Such, sea sentenciada a 9 años de inhabilitación por las adjudicaciones de Fitur de los años 2008 y 2009. La Fiscalía también solicita la condena para otros once procesados, entre ellos los principales cabecillas de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez «El Bigotes» que se se enfrentan a penas de entre 11 y 6 años de cárcel. El ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret que ya fue condenado a pagar una multa de 9.600 euros en la causa de los trajes se enfrenta a 11 años de prisión.

El escrito de acusación del fiscal del caso Gürtel desgrana las supuestas irregularidades en las adjudicaciones del stand de Fitur a Orange Market. El juez José Ceres ha procesado a los responsables políticos que aprobaron las adjudicaciones, a los funcionarios que las tramitaron y que supuestamente facilitaron información privilegiada al grupo Correa, y a los cabecillas de la red.

José Ceres continúa citando a imputados y testigos de las otras cinco piezas del caso Gürtel. Las dos primeras son por la financiación ilegal del PP en las elecciones de 2007 y 2008, la cuarta está centrada en la sonorización de la visita del PP, la quinta analiza el resto de contratos de la Generalitat con la trama y la sexta indaga en los delitos fiscales de las sociedades del grupo Correa por las adjudicaciones del Consell. La tercera pieza es la de Fitur.

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