Una de las personas que en la Comunitat Valenciana más conoce las repercusiones que puede tener un incendio forestal causado presuntamente por los restos de fuegos artificiales autorizados por un ayuntamiento es el exalcalde de Nàquera Ricardo Arnal. Arnal lleva ocho años de proceso judicial tras haber sido imputado y luego sobreserse la causa contra él por un fuego que quemó varias hectáreas de la Serra Calderon cuando estaba decretado el nivel 3 de preemergencia, el máximo. Tras el recurso ante el archivo de las actuaciones contra el expolítico por presuntamente haber autorizado el castillo, la causa se encontraría abierta aunque el propio exedil desconce cuál es su situación en la actualidad, según confirmó a Levante-EMV.
Arnal afirmó que, cuando era alcalde, «un 19 de marzo suspendí una cremà de las Fallas porque había alerta 3». El exalcalde explicó que la única manera de acabar con casos similares al de Cullera o el propio de Nàquera es que sean «los bomberos» los que autoricen estas actividades y que «se le retire la potestad a los alcaldes» de dar este tipo de permisos. El exedil reconoció que lo pasó «muy mal» tras ser imputado. Cabe recordar que la fiscalía llegó a pedir nueve meses de cárcel, aunque luego el juez lo desestimó y sólo solicitó actuar contra la empresa pirotécnica que lanzó el castillo.
Arnal argumentó que las tradiciones se deben «ajustar» a la normativa pero reconoció la dificultad en algunas ocasiones, ya que la cultura del fuego está muy arraigada en la Comunitat Valenciana. «Hacer compatible la pirotecnia con nuestros montes es muy complicado pero las normativas están para ser cumplirlas», añadió. El exalcalde de Nàquera defendió que durante su mandato prohibió hacer fuego «en todo el término municipal» cuando hubiera riesgo de incendios y que trasladó los fuegos artificiales desde la explanada de la ermita, más cerca de zonas forestales de la Serra Calderona, al centro del pueblo.
Aún así en 2006 sucedió el incendio por el que ha sido investigado. Sobre este tema argumentó que el fuego en zona protegida no lo provocaron los fuegos artificiales y citó un informe de la Universitat Politècnica para avalar su inocencia. Además, añadió que desconocía que ese día de octubre de hace ocho años hubiera alerta máxima por incendios en la zona.
Los alcaldes se enfrentan a sanciones importantes e incluso a penas de cárcel si se saltan la ley y autorizan espectáculos pirotécnicos o fiestas con fuego que acaben provocando un siniestro. Mucho más si está levantada la alerta por peligro de incendios.
