El Consell ha aprobado este viernes el anteproyecto de una nueva ley de Hacienda para mejorar la transparencia y la gestión de los fondos públicos de la Generalitat que introduce como novedades el requisito del informe de la Abogacía y la Intervención General para los acuerdos con obligaciones económicas.
El Gobierno valenciano además tendrá que autorizar la imputación al presupuesto corriente de las obligaciones de ejercicios anteriores, previo informe de la Intervención General, según ha explicado hoy el conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, tras el pleno del Consell.
La actualización de la ley permite revisar la normativa anterior de 1984, que se revisó en 1991, y por tanto han pasado "veintitrés años" desde la última revisión del régimen económico-financiero de la Generalitat, según el conseller.
La nueva ley de Hacienda se lleva a cabo por los cambios realizados en el sector público de la Generalitat tanto en estructura como en competencias, y por las exigencias de la normativa española y europea en estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Según Moragues, el objetivo es "optimizar cada euro que gestiona el sector público" y tener "un mayor y mejor control" del dinero de los ciudadanos.
