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Acusado de malversación y prevaricación

El director de Vaersa sigue en el cargo cuatro meses después de ser detenido por malversación

El Consell anunció que Bonig reuniría el consejo de la empresa pública para echar a Simó conforme a la línea roja de Fabra - Signes (PSPV): «Le tienen mucho miedo»

La policía lo detuvo, al igual que a su antecesor en el cargo, y registró su domicilio bajo acusación de malversación de fondos públicos y prevaricación. El 26 de junio. Enrique Simó, director general de Valenciana de Aprovechamientos Energéticos (Vaersa) declaró ante la titular del juzgado de Instrucción número 15 como imputado a raíz de varias denuncias sindicales (tres de CGT y una de UGT) sobre la contratación a dedo de asesorías jurídicas externas, la compra de vehículos todoterreno sin concurso público, el pago de pluses de productividad a directivos de Vaersa y posibles sobrecostes en la gestión de la empresa.

A las 24 horas, el viernes 27 de junio, la portavoz del Consell, María José Català, insinuó que Enrique Simó tenía los días contados al frente de la empresa. Anunció que la consellera Isabel Bonig convocaría «de forma inminente» el consejo de administración de la sociedad y se tomarían las «oportunas decisiones» para cumplir con la «línea roja» de Fabra. El anuncio de que se iba a sacrificar a Simó se ha quedado en anuncio. Cuatro meses después, sigue en su puesto de director general, con la obligación de comparecer en el juzgado de forma regular y sin pasaporte, dado que la juez se lo retiró. Las cuatro denuncias presentadas ante la Fiscalía siguen mientras tanto su cauce.

CGT denunció la contratación a dedo de consultoras jurídicas externas por 1,97 millones. Este mismo sindicato llevó también ante la Justicia el desembolso de otros 1,9 millones en pluses de productividad de directivos de la empresa durante cinco años. Una tercera iniciativa judicial se impulsó para que se investigara la adquisición de 65 vehículos todoterreno por un total de 1,54 millones sin haber convocado el preceptivo concurso que garantizase la publicidad y concurrencia que marca la ley de contratos, dado el volumen del gasto. FSP-UGT denunció, por su parte, supuestos sobrecostes en la gestión.

El portavoz de Medio Ambiente del PSPV, Francesc Signes, señaló a Bonig como responsable «es la presidenta del consejo de administración, además de consellera» y mostró sus sospechas sobre el motivo por el cual Simó sigue de director general: «No se atreven a tocarlo, tienen mucho miedo a que pueda hablar».

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