Paco Alcácer, por citar el ahora mismo jugador más carismático del Valencia CF, no podría apostar en el derby local del domingo contra el Levante UD. El Consell ha aprovechado la ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2015 para modificar la ley valenciana del Juego, de 1988, con el fin de introducir la prohibición expresa de participar en juegos y apuestas de los «deportistas, entrenadores u otros participantes» en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta. La misma prohibición se extiende a los directivos de las entidades deportivas participantes u organizadoras de un acontecimiento o actividad. Ésta es una de las modificaciones legales introducidas en la ley de acompañamiento, que hoy se someterá al debate de totalidad en el pleno de las Corts.
La reforma legal se produce en el contexto del escándalo del amaño de partidos y fraude en las apuestas deportivas que ha sacudido el fútbol italiano. En España ha habido casos de supuesto amaño, uno de ellos, el que afecta a varios jugadores del Levante UD, actualmente procesados por el partido contra el Zaragoza de la temporada 2010-2011, pero también el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, lanzó insinuaciones de posibles apuestas ilegales por parte de jugadores granotas por el encuentro con el Deportivo en 2013. La prohibición, en todo caso, solo regiría para las apuestas que son competencia de la Generalitat, de forma que quedaría circunscrita a las que pueden realizarse en las máquinas instaladas en bares y otros establecimientos. Las apuestas «on line» o las quinielas, precisaron fuentes de Hacienda, ya son competencia del Estado.
El Gobierno valenciano también cambia la ley para reflejar, como falta grave, las trampas en el juego. En concreto, la norma tipificará como infracción grave el «utilizar, por parte de jugadores y apostantes, fichas, cartones, boletos u otros elementos de juego que sean falsos, así como manipular máquinas u elementos de juego».
El maltrato al jugador, exento
A través de enmiendas parciales presentadas por el grupo popular, el Consell suaviza el texto para hacer concesiones al sector. De un lado, tal como estaba redactada la reforma legal se prohibía participar en juegos y apuestas a «los directivos, accionistas y partícipes» de empresas del sector. El PP matiza que el veto es «en sus propias empresas de juego y apuestas» y no con carácter general a otras salas.
Con todo, lo más llamativo son los cambios para borrar de la modificación inicial la defensa del jugador ante el supuesto maltrato por parte de los locales. Así, se consideraba falta grave «la conducta desconsiderada hacia los jugadores o apostantes, tanto durante el desarrollo del juego o de la apuesta como en el caso de quejas o reclamaciones de éstos». El PP elimina el párrafo, de forma que solo se tipifica la perturbación que pueda causar un jugador o la conducta «insultante o agresiva con el personal del establecimiento». Los clientes estarán obligados a identificarse, cumplir las normas y respetar el derecho de admisión.
