El ponente del dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que avala la mitad de los conciertos de las residencias que gestiona la familia Cotino y otras empresas del sector, Enrique Fliquete, fue socio senior del despacho de abogados que desde al menos mitad de 2010 defiende a estas firmas en varias demandas contra la Conselleria de Bienestar Social por los mismos polémicos contratos, el «Plan 9.000 plazas» que en 2001 les dio la exclusiva de las plazas concertadas en residencias de mayores en la Comunitat Valenciana. Es decir, Fliquete habría redactado y votado un documento como consejero, que después aprobó el pleno del CJC, que decide sobre un tema en el que su antiguo bufete, en el que era el número dos, participó y todavía participa en la actualidad.
El área de Derecho Público del despacho de abogados Cuatrecasas ha asesorado a las empresas que se beneficiaron del «Plan 9.000 plazas» de la Conselleria de Bienestar Social, entre las que se encuentra Savia Gerocentros, propiedad de la empresa Sedesa de la familia del expresidente de las Corts, Juan Cotino. Entre noviembre de 2007 y septiembre de 2011, el actual conseller del Consell Jurídic Consultiu (CJC) Enrique Fliquete fue el número dos de ese departamento, que dirigía hasta hace medio año el también abogado Mariano Ayuso.
El mismo Fliquete ha sido el ponente del dictamen del CJC que aborda la legalidad de los contratos del «Plan 9.000 plazas» y que considera que no procede anular este procedimiento ni otros sucesivos hasta el 1 de enero de 2014, cuando se aplicó la ley estatal de emprendedores de 2013 que acabó con los «privilegios» de estos centros que disponen de 4.000 plazas en exclusiva. Este dictamen abre la posibilidad de que 2.000 de estos conciertos se saquen a concurso pero avala que se blinden los otros 2.000.
El área de Derecho Público de Cuatrecases presentó un recurso contencioso-administrativo contra la Conselleria de Bienestar Social ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano el 24 de marzo de 2011. Este equipo de abogados representaba en sus inicios a ocho empresas, entre las que se encuentran Savia y Solimar, y exigía que este grupo de sociedades consiguiera el 100 por 100 de las plazas que se concertaran en el «Plan 9.000 plazas». Fliquete abandonó el despacho en septiembre de 2011 para entrar a formar parte del Jurídic a propuesta del PP. En total, estuvo tres años y 11 meses en este importante bufete de abogados.
Fliquete aparece como miembro de la dirección letrada de estos casos junto a Mariano Ayuso, según las «propuestas de honorarios profesionales» que Cuatrecases entregó a las empresas que representa y a las que ha tenido acceso Levante-EMV. Pese a esta evidencia, el consejero negó que hubiera trabajado asesorando a estas empresas sobre cuyo caso se ha tenido que pronunciar ahora como miembro del Jurídic.
12.000 euros por un recurso
Este documento se entregaba a las empresas asesoradas y en ellas se fija los honorarios, 12.000 euros más IVA en caso de tener que tramitar un recurso íntegro ante el TSJ. Fliquete justificó que «la formulación ordinaria» de estos documentos era esa y que las empresas que demandaron a Bienestar Social eran clientes de Mariano Ayuso y él no intercedió en ninguno de estos casos.
El propio Ayuso, a quien también consultó este periódico, aseguró que el nombre de Fliquete aparecía en los documentos del «Plan 9.000 plazas» de Cuatrocases porque «era el segundo de a bordo, por si hubiera tenido que sustituirme». El letrado explicó que el actual consejero «creo que no estuvo» y que llevaba temas de otras residencias.
En el área de Derecho Público de Cuatrecases trabajaban seis personas, contando a Mariano Ayuso, el director, y a Fliquete, el número dos. El miembro del CJC defendió que fueron sus compañeros los que asesoraron en este caso a las empresas y que él no tuvo nada que ver.
