El dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que avala la mitad de las plazas concertadas a las residencias de la familia Cotino (Savia) y a otra media docena de empresas puede abrir una nueva batalla jurídica entre estas sociedades, el sector y la Conselleria de Bienestar Social. Savia y las actuales adjudicatarias amenazan con paralizar cualquier concurso público que se impulse y pedirán una indemnización de 200 millones de euros por los centros que construyeron y consideran «todavía no amortizados», ya que, según defienden, gozan del «derecho de exclusividad».
Por su parte, desde la Conselleria de Bienestar Social están preparando un acuerdo marco para aplicar el informe del Jurídic que consideran, libera para volver a sacar a concurso público 2.000 de las 4.000 plazas concertadas que tienen las firmas adjudicatarias del concurso de accesibilidad, entre ellas Savia de la familia Cotino. Desde el departamento que dirige Asunción Sánchez Zaplana, tienen previsto aumentar el número de plazas concertadas que sumarían a las 2.000 que el Jurídic les permite. De momento, apuntan, están a la espera de un último informe de la Abogacía de la Generalitat.
Por su parte, desde Aerte, la patronal mayoritaria de residencias, que a la sazón han sufrido la exclusividad de las firmas adjudicatarias desde 2001 hasta la actualidad al no poder acceder a las plazas concertadas, son partidarios de que se abra un nuevo proceso público con garantías.
Desde Aerte explicaron que «la única forma de desbloquear esta situación es poniendo en marcha un acuerdo marco que en la línea establecida públicamente por parte de la Conselleria de Bienestar Social se saquen a concurso alrededor de 3.000 plazas». En estas plazas, apuntan, se incluirían las 2.000 que anula el Jurídic a las empresas de Cotino y sus socias y otras 1.000 nuevas. A este nuevo concurso podrían acceder a concertar, según Aerte, «todos los centros actualmente autorizados y en funcionamiento y donde sea primordial el respeto absoluto a la libertad de elección de las personas». Desde Aerte aseguran que la judicialización podría perjudicar a las actuales concesionarias.
