La Fiscalía Anticorrupción ha pedido sendas penas de siete años y nueve meses de prisión para el ex vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, el ex vicesecretario general del PPCV David Serra y para la gerente del partido desde 1995, Cristina Ibáñez, por la financiación ilegal de las campañas electorales de 2007 y 2008. El fiscal acusa junto a la cúpula del PPCV de Camps a nueve empresarios y a cinco responsables de la trama Gürtel. Los empresarios —entre los que destacan Vicente Cotino y Enrique Ortiz— se enfrentan a penas de entre seis y cuatro años de cárcel. El ministerio público cifra la financiación irregular del PPCV en 2007 y 2008 en 3.461.982 euros. La contundencia de las penas causó ayer sorpresa entre miembros del PPCV y del propio PSPV.
Las supuestas irregularidades del partido durante la etapa de Camps coinciden con la implantación en Valencia de Orange Market, rama valenciana de la trama Gürtel. El fiscal mantiene que la expansión del grupo de Correa en Valencia «tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinados políticos con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la adjudicación de contratos en actos de partido, de la Administración o entidades dependientes». Orange Market obtuvo desde 2005 los contratos para los stands de la Comunitat Valenciana en Fitur y en 2007 se encargó de las campañas electorales de las autonómicas y municipales.
El fiscal destaca en su escrito de acusación que los dirigentes del PPCV Ricardo Costa y Vicente Rambla encargaron a Álvaro Pérez «El Bigotes» la preparación de las campañas.
Según Anticorrupción, los acusados para obtener el mayor despliegue posible no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral (un baremo fijado en función del número de votos en las elecciones anteriores y el número de habitantes) ni que los empresarios que trabajan para la Administración no pueden hacer aportaciones. El fiscal acusa a Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y Cristina Ibáñez de tres delitos electorales —nombre técnico de la financiación ilegal— por las campañas autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.
La única cuantía declarada por Orange Market y el PPCV por los procesos electorales de 2007 y 2008 fue de 175.000 euros. Sin embargo, el gasto real presuntamente fue, al menos, de 2.035.919 euros. Además, en 2007 y 2008 el PPCV encargó otros trabajos de organización de actos no electorales y 1.426.063 euros supuestamente «se abonaron fuera del circuito legal del dinero y no se contabilizaron».
Una parte del gasto comprometido por la cúpula del PPCV fue financiado por empresas con sede en la Comunitat Valenciana. La trama hacía aparecer las aportaciones de los empresarios como pago de servicios prestados a sus empresas, aunque Anticorrupción está convencida que era una tapadera. «Los pagos se hicieron por dichas empresas directamente a Orange Market» y la firma de Correa «les facilitó facturas» por trabajos ficticios.
Un empresario queda fuera
El juez procesó a diez empresarios, pero el fiscal no ha acusado finalmente a uno de ellos: José Enrique Fresquet, de Pavimentos del Sureste. Los nueve empresarios acusados son de Valencia, Alicante y Castelló. La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de cárcel para Rafael y Tomás Martínez Berna —de Hormigones Martínez y posteriormente CHM Obras e Infraestructuras—; seis años para Enrique Gimeno —por Facsa—; Alejandro y Antonio Pons —Dols y Piaf—; y Gabriel Alberto Batalla —administrador del Grupo Lubasa—. Y otros cuatro años de cárcel para Enrique Tomás Ortiz; José Francisco Beviá; y Vicente Cotino —del Grupo Sedesa—, sobrino del ex presidente de las Corts, Juan Cotino.
En concreto, Piaf S.L. entregó al PPCV en 2007 la cantidad de 26.912 euros; y en 2008, 4.400 euros. Facsa y Aguas de Castellón pagó 150.000 euros en 2007 y 200.000 euros en 2008; Grupo Vallalba S.L., CHM Obras e Infraestructuras S.A. y Padelsa Infraestructuras S.A. abonó un total de 199.520 euros; Luis Batalla S.A. y Lubasa Desarrollos Inmobiliarios S.L. pagaron 110.200 euros; Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras S.A., perteneciente al Grupo Ortiz, abonó 348.115 euros para la campaña de las Elecciones Generales de 2008; y Sedesa pagó por este mismo concepto 150.684 euros.
