15 de abril de 2015
15.04.2015
Deuda

El Consell acuerda pagar los 8,75 millones que debía a los depositarios judiciales

Algunas de las facturas, las más abultadas, son de vehículos intervenidos hace más de 16 años

15.04.2015 | 00:38

El milagro -eso sí, en vísperas de elecciones- se ha producido. Más de 16 años después de que comenzara a constituirse en depositario de vehículos intervenidos judicialmente, el empresario valenciano Jaime Mackintosh verá por fin cómo la Generalitat salda la deuda de casi tres millones de euros por ese servicio prestado y no pagado hasta ahora. A esa cuantía se le suman otros cinco millones largos que las arcas valencianas pagarán a otras dos empresas -la alicantina Servicios Integrales Vital S.L. y la murciana Depósito Judicial Murcia S.L.- en los próximos días por ese mismo concepto.

Después de años de requerimientos de pago y reclamaciones sin respuesta, las tres mercantiles pudieron celebrar ayer por fin el acuerdo por el que el Consell ratificó la autorización para pagarles 8.757.880,76 euros a cargo de los presupuestos de 2015.

Las decenas de facturas emitidas por las tres mercantiles a lo largo de todos estos años -el más veterano es el valenciano Mackintosh, que empezó a prestar el servicio en 1999- han sido acumuladas ahora por la Generalitat en cinco expedientes de enriquecimiento injusto de la Administración por el importe citado. La decisión fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, cuatro días después de su aprobación por el Consell, y pone fin a años de una lucha entablado principalmente por la empresa valenciana, que ejercía de depositario en Valencia y Castelló para vehículos intervenidos por jueces y tribunales de esas dos provincias, y por la alicantina, que lleva 14 años haciendo lo mismo por orden de los juzgados y la Audiencia de Alicante. Las facturas más abultadas proceden de vehículos que llevan 16 años pendientes de una resolución judicial.

Sin embargo, el pago de esa deuda «histórica» no cierra definitivamente el conflicto, ya que, aunque esas empresas dejaron de ser depositarias al otorgarse hace un año el servicio a una firma de Cheste sin experiencia en el sector, tanto la mercantil valenciana como la alicantina siguen teniendo cerca de 450 vehículos intervenidos judicialmente en sus recintos, por lo que cada día que pasa continúan devengando gastos de guarda y custodia a la Generalitat Valenciana.

Esa situación enquistada sólo se resolverá cuando los jueces competentes en cada uno de las causas ordenen o bien que los vehículos les sean devueltos a sus dueños -en el caso de que queden penalmente exonerados-, o bien que sean destruidos o subastados, si aún conserven algo de su valor, que se ha ido depreciando día a día durante los largos años de almacenamiento que a veces ha rozado el olvido.

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