La investigación de la fiscalía por supuesta corrupción en la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, abre un nuevo foco de sospecha en otra institución gobernada por el PP y que, en función de su alcance, podría complicar el futuro político de su máximo responsable, Alfonso Rus, en su aspiración de seguir presidiendo la diputación. El barón provincial no está siendo investigado directamente, pero sí personas que fueron de su máxima confianza, una situación que, además, ha estallado con las elecciones a la vuelta de la esquina. Fuentes del Consell admitieron ayer su preocupación que este nuevo escándalo marque la agenda política varios meses debido al alcance de los hechos.
En un momento en el que la marca del PP de la Comunitat Valenciana está especialmente deteriorada por los asuntos de corrupción, todo aquel que esté bajo sospecha tiene los días contados. En círculos del Palau de la Generalitat se admite que Rus, a quien Fabra le gustaría relevar de la institución provincial, podría salir trasquilado, si bien, de momento, el Consell lo situa en cuarentena en espera de los avances en la investigación. Rus participa hoy en la proclamación de Fabra a la que asiste la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y está previsto que intervenga.
De hecho, la portavoz del Consell, Maria José Català, salió en defensa de la institución provincial al asegurar que «ha tomado las medidas que se tenían que tomar» con respecto a la empresa Imelsa. En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, y preguntada por el nuevo escándalo político-judicial, Català recordó que Rus ha encargado la elaboración de una auditoría de gestión sobre el periodo del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, y que si detectan irregularidades las llevarán la juzgado. Asímismo, resaltó que la propia empresa pública denunció el pasado mes de marzo al exgerente al detectar gastos que no se habían justificado.
En su opinión, los responsables de la Diputación «han adoptado todas las medidas y han hecho las declaraciones oportunas» sobre este asunto, pues con la investigación interna, la denuncia que se presentó contra Benavent y el compromiso de llegar al juzgado la documentación que se recoja «se está actuando con diligencia». Català manifestó que le gustaría que haya«mucha celeridad, porque todas las sospechas nos hacen daño a todos», para que se sepa «la verdad» y para que «cada persona que haya hecho un mal uso de los recursos públicos asumiera sus responsabilidades».
La consellera insistió en que la investigación judicial se encuentra en una fase «incipiente» y en que no conoce el contenido de la denuncia ni «el fondo del asunto», por lo que no puede «hacer futuribles» ni valorar «cosas que aún no han pasado». Català fue preguntada sobre si las líneas rojas de Fabra se aplicarían si hay candidatos locales salpicados. Aunque Català no dejó sólo a Rus, sí hizo hincapié en que es una institución distinta a la Generalitat, reivindicado que el Consell es quien «de forma más tajante ha actuado contra la corrupción». A su juicio, el alcance de la investigación y la posibilidad de que pueda afectar «a otras personas vinculadas a la Diputación o al PP» es algo que se desconoce».
