«Cuarenta y tres años cotizando para que una vez que necesito un medicamento contra el cáncer, me lo nieguen». Antonio Francisco Marí tiene 60 años y un tumor cerebral por el que permanece ingresado en el Hospital Clínico de Valencia. Como la quimioterapia no le hacía efecto, su oncólogo le prescribió un compuesto farmacológico que hasta hace dos años se dispensaba sin requerir de ningún permiso especial, pero desde que en 2012 la Conselleria de Sanidad puso en marcha el Programa de Medicamentos de Alto Impacto Sanitario y/o Económico (Paise) para controlar el gasto, este fármaco y otros 22 más necesitan de la autorización específica de un subcomité de expertos para administrárselo al paciente.
Antonio está «fastidiado» y «quemado» porque al negarle el bevacizumab, que su especialista le prescribió y que no tiene efectos secundarios, hubo que recurrir a otro que deja rastros perniciosos, ya que le reduce las plaquetas, tiene riesgo de hemorragia y afecta el sistema inmunitario, lo que le obliga a estar atado a una cama de hospital. «Me tenían que haber dado uno que no me han dado y ahora el que me dan no me deja levantarme de la cama», declara el enfermo con un suspiro de voz.
Su esposa, Kati Vila, ha comenzado a mover Roma con Santiago para que a Antonio no se le prive de un tratamiento que le han negado con un argumento, a su entender, tan endeble como refutable: «Porque no se sabe si en este paciente será eficaz o no».
Convulsiones continuas
Antonio ingresó el 4 de mayo en la sala de oncología del Clínico tras haber sufrido convulsiones continuas a una semana de finalizar el primer tratamiento de quimio que le administraron, que no había sido eficaz.
En aquel momento, su médico decidió que dado su «buen estado general» era conveniente administrarle bevacizumab, disponible en la farmacia del centro. La autorización que solo se iba a demorar unos diez días, nunca llegó.
Kati afirma que los «señores del subcomité no deben negarle a mi marido un medicamento de alto impacto sanitario o económico», y expresa sus razones: «En primer lugar, porque ha cotizado 43 años y lo tiene bien amortizado y, en segundo, porque el oncólogo es quien sabe cual es el mejor tratamiento para él».
«Ninguna comisión —agrega la esposa— puede decidir si vive o muere, eso solo lo decide Dios, por lo tanto no la reconozco, como tampoco acepto los motivos de la denegación, porque a día de hoy no tienen fundamento de que con el tipo de tumor que tiene mi marido no vaya a funcionar, ya que cada tumor es único y el medicamento funciona en cada persona de forma diferente».
Resultados dispares
El mismo fármaco en ensayos clínicos con pacientes ha dado resultados dispares, ya que con unos ha sido eficaz y con otros no. Por eso, la mujer afirma que para denegarlo, los miembros de la comisión solo se han fijado en el porcentaje de fracasos. Los motivos que hay detrás de la negativa, según esta ciudadana, no son otros que «los recortes sanitarios».
«Si no se prueba, no se sabe, por lo que automáticamente al denegárselo, lo están 'asesinando'», manifiesta Kati visiblemente afectada que indica que de los tres miembros que integraban la comisión, uno votó a favor y dos, no. La esposa ha pedido la intercesión de la dirección del hospital que le ha comunicado que volverá a solicitar el fármaco al subcomité del Programa de Medicamentos de Alto Impacto Sanitario y Económico.
825 denegaciones
Este periódico publicaba esta semana una información en la que se daba a conocer que la Consellería de Sanidad a través de once subcomités específicos por patologías y medicamentos ha denegado 825 peticiones de medicamentos a enfermos de la C. Valenciana en situación límite.
Algunos han tenido que recurrir a iniciativas populares para recabar firmas y hacer pública la situación para revertir la decisión del grupo de expertos del comité. En otras ocasiones, el enfermo falleció. Ambos casos que también fueron relatados puntualmente por este periódico, eran enfermos como Antonio con algún tipo de tumor, en buen estado de salud y que no respondieron a la quimioterapia que le administraron en primera instancia.
En las resoluciones denegatorias, los miembros de los subcomités de evaluación de medicamentos de alto impacto justifican sus fallos con argumentos como el que sigue: «La decisión se ha adoptado con criterios clínicos que permiten equilibrar la justa expectativa entre los pacientes que hay que satisfacer por el sistema sanitario público, a la vez que se garantiza la seguridad y la eficiencia de los recursos empleados en su tratamiento». En definitiva, y como apunta Katy, se trata de una cuestión de «recortes sanitarios» puros y duros.
