La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC), filial de la autonómica Cierval, y a dos presuntos testaferros por un fraude de 418.700 euros en los cursos de formación financiados con dinero público por la Generalitat, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes jurídicas. El Ministerio Público acusa a la patronal de un delito de fraude en subvenciones y otro continuado de falsedad documental. Los investigadores aseguran que los cursos de riesgos laborales cobrados por la CEC entre el 25-11-2009 y 30-09-2010 no se habrían realizado.
La Sección Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Provincial de Castelló presentó la denuncia en el juzgado de Nules el pasado día 10 de junio de 2015. Tras unas pesquisas iniciales después de una denuncia previa del Servef en octubre de 2014, la fiscal instructora de la causa, Ana Bas, concluyó que de la parte gestionada por la CEC, de la subvención concedida a la Confederación de Organizaciones Empresariales de la C. Valenciana (Cierval), «se deduce que han existido irregularidades habiéndose imputado gastos por actividades no realizadas, presentando facturas falsas y destinando, en consecuencia, los fondos entregados a la beneficiaria a usos distintos a aquellos para los que se le concedió la subvención».
Según fuentes jurídicas, la Cierval conocía de estas presuntas irregularidades ya que en un primer momento fue requerida por el Servef para acreditar los cursos que habían impartido dos empresarios a la CEC. Según las mismas fuentes jurídicas y documentales, la patronal valenciana «no justificó ni la realidad de los gastos de docencia imputados por las entidades Consultoría y Estudios AGP y Centro de Oficios RM, ni la efectiva realización de los trabajos de evaluación». De hecho, las mismas fuentes explicaron que consultado el Servef pudieron acreditar que estas empresas «no habían realizado actividad económica» en los años 2009 y 2010. Además, reconocían que las sociedades «no contaban con medios materiales para realizar la actividad».
Antes de que la fiscalía empezara su actuación penal al apreciar serios indicios de dos delitos, el Servef había iniciado un proceso de reintegro de las ayudas en las que presuntamente se habría cometido el fraude. Así, el director general solicitó a Cierval el reintegro de 478.479,84 euros, de los cuales 418.700 correspondían a los gastos facturados por Consultoría y Estudios AGP y Centro de Oficios RM y otros 58.879, 84 por intereses de demora. La patronal valenciana recurrió esta decisión pero fue confirmada por una resolución de 1 de octubre de 2014, según las mismas fuentes jurídicas.
En diciembre del año pasado empezaron las investigaciones de la fiscalía tras obtener toda la documentación del Servef y parte de la Agencia Tributaria, que curiosamente ya seguía el rastro de los presuntos testaferros. El expediente que se está investigando es el FFI15/2009/6, por el que se otorgó a la Cierval una subvención de 12.200.034, 55 euros. De momento, la parte denunciada es el montante que gestionó la CEC, los más de 418.000 euros en cursos de riesgos laborales.
El fiscal solicita al juez que impute a los dos testaferros, propietarios de las empresas que no habrían realizado los cursos, y a la Confederación de Empresarios de Castelló. Ha reclamado documentación a la Generalitat.
