El Consell abonó en septiembre de 2011 todas las ayudas del expediente de 2009 que se están investigando y por las que se aprobó para la Cierval una subvención de 12.200.034, 55 euros. Finalmente y tras presentar la patronal valenciana la documentación y justificarla la Generalitat pagó 11.520.217,24 euros, incluidos los 418.700 que gastó la Confederación de Empresarios de Castelló en cursos de riesgos laborales. Meses después y tras una investigación de la Agencia Tributaria sobre un conglomerado de empresas fraudulentas que habían tenido contactos con estas subvenciones, en el Servef decidieron iniciar sus propias pesquisas contra una ayuda ya aprobada y pagada.
Fue el paso decisivo para detectar los trabajos no realizados, que dos años antes se habían dado por buenos y que finalmente han acabado en el juzgado de Nules. La Fiscalía Anticorrupción está convencida de que los cursos de formación para las empresas no se realizaron y ha denunciado un delito de fraude en subvenciones y otro continuado de falsedad documental. Pide la imputación de varias personas, aunque tendrá que ser el juez instructor el que acuerde esta medida para los interrogatorios.
No es el primer dolor de cabeza que la CEC le da a Cierval. Recientemente, Levante-EMV publicó que a finales de 2014 la patronal castellonense debía a la autonómica 555.000 euros. En la actualidad, la morosidad está en torno a 175.000. La provincial ejecutó un convenio de prevención de riesgos laborales que el Consell no abonó en su integridad al considerar que algunos gastos no estaban justificados. En 2015, la CEC pagó a Cierval 357.338 euros, con lo que la deuda pendiente por esta partida es de 121.241 euros.
