18 de agosto de 2015
18.08.2015
Tribunales

Un juez ya investiga el fraude en las ayudas de formación de la patronal

El juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha abierto diligencias contra la CEC, filial de Cierval, y ha solicitado documentación por los cursos que no se habrían realizado - Los empresarios de Castelló defienden que han tenido que devolver 418.700 euros

18.08.2015 | 02:00
Un juez ya investiga el fraude en las ayudas de formación de la patronal

El juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha abierto diligencias de investigación penal contra la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC), filial de la autonómica Cierval, y contra dos testaferros por el cobro de cursos de formación para trabajadores que nunca se habrían realizado por valor de 418.700 euros. La CEC asegura que ha devuelto el dinero a la Generalitat y que ha recurrido el expediente administrativo previo abierto por el Servef. La Fiscalía Anticorrupción considera que los tres denunciados, número que podría aumentar en las próximas semanas, habrían cometido un delito de fraude en subvenciones y otro continuado de falsedad documental.

El juez instructor ya ha solicitado documentación para incorporar a la causa, denunciada por la Fiscalía Anticorrupción a instancias de la Agencia Tributaria y de la propia Generalitat, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. De momento, no hay encausados pero el Ministerio Público solicitó en su denuncia que se imputara a los dos testaferros y a la CEC, en este caso se entiende que a los responsables de gestionar las ayudas. Cabe recordar que la patronal autonómica Cierval fue la que tuvo que justificar los gastos ante el Servef porque es la que recibió la subvención global de 11,5 millones de euros abonada entre 2010 y 2011.

Como contó ayer este periódico, el presunto fraude ahora investigado por un juez, superó todos los controles de la administración autonómica, en aquella época bajo el gobierno de Francisco Camps. Fue dos años después, en 2013, cuando unas pesquisas de la Agencia Tributaria destapó las posibles irregularidades. De hecho, fue gracias a la labor de los inspectores de Hacienda, quienes tras una investigación a nivel estatal alertaron al Servef de que una de las empresas que les había facturado, en concreto Consultoría y Estudios AGP, había declarado gastos sin poder hacerlo porque no disponía de personal suficiente. En ese momento fue cuando la Conselleria de Economía revisó los expedientes de la CVC y halló las incongruencias que luego trasladó al fiscal.

En la inspección de la Agencia Tributaria, Álvaro García Osorio, propietario de Consultoría y Estudios AGP, confesó que no había realizado los cursos de formación que cobró a la CEC y que a su vez Cierval cobró de la Generalitat. Las pesquisas derivaron en otra empresa, Centro de Oficios RM, ahora también denunciada.

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