La Conselleria de Sanitat ha creado «la dirección general de alta inspección sanitaria para vigilar las concesiones» en vigor y realizar un seguimiento exhaustivo del buen uso de los recursos públicos, con el «objetivo de que todo lo que se pueda hacer con recursos propios no tener que pagar una concesión». El departamento que dirige Carmen Montón realizaba esta declaración de intenciones al ser interrogado por las investigaciones que realiza la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 8 a la empresa Eresa SL por la facturación presuntamente fraudulenta con dos subcontratas, tras la denuncia de un extrabajador que ha aportado pruebas ante la justicia del supuesto fraude.
Los nuevos gestores de la sanidad pública valenciana aseguran que tienen «muy presente» el informe de la Sindicatura de Comptes de 2013, «Resonancias magnéticas: Una oportunidad de ahorro». En este análisis la institución fiscalizadora concluyó que el Consell ahorraría al año 16,8 millones si asumiera completamente con medios y equipos propios la realización de estas pruebas, en lugar de tenerlas privatizadas en favor de la UTE Erescanner, conformada por las firmas Eresa y Ribera Salud (Valencia y Castelló) e Inscanner y Beanaca (Alicante), adjudicatarias por 497,1 millones del contrato de 2008 para diez años.
Según el análisis de los auditores en 2013, a la Generalitat le saldrían las pruebas a un coste medio de 108,36 euros, frente a los 257,19 euros de media que pagan a la UTE, con un sobrecoste del 137%.
Para recuperar la gestión pública de las resonancias magnéticas, la Conselleria de Sanidad debería realizar una inversión de 29 millones, según el informe de la Sindicatura de Comptes de 2013. Un detalle al que se acogen fuentes del sector de las concesiones para restar importancia al análisis del órgano fiscalizador. «No tienen en cuenta la inversión en en los equipos para calcular el coste final».
El Síndic de Comptes también detectó «facturación incorrecta» por valor de 1,8 millones en 2012. Unas irregularidades que la Sindicatura achacó a que el Servicio de Conciertos «carece de información de gestión con carácter periódico» para verificar la actividad concertada por lo que detectó detectado «numerosas incidencias relacionadas con una incorrecta valoración de las pruebas realizadas» a favor de Sanidad y otras, la mayoría, de la UTE responsable de las resonancias.
La fiscalización en los hospitales de Valencia y Castelló destaparon «discrepancias» en la facturación en el periodo 2008-2012 que supondría que la firma tendría que pagar al Consell 1.873.000 euros.
