05 de septiembre de 2015
05.09.2015
Medida

El Consell aprueba un decreto para que los municipios sigan teniendo servicios sociales

La Generalitat asume la competencia, como marca la ley estatal que entrará en vigor en enero, pero la cede

05.09.2015 | 00:44

Leyes al margen, la acción social tiene su campo de actuación principal allí donde se manifiesta el problema y ha de abordarse con toda su crudeza, en la misma puerta de los ayuntamientos. Los municipios despliegan competencias en servicios sociales, en educación o salud, pero la nueva ley Régimen Local prevé que estas materias pasen a ser gestionadas por la Generalitat a partir del 1 de enero, pero el Consell entiende que en la práctica se desmontaría la red social asistencial de la que disponen los municipios. Por eso ha aprobado un decreto con el que esas competencias, y otras relativas a salud y educación, son asumidas y de nuevo cedidas a los consistorios. La ley estatal que se va a implantar „y que el Consell ha burlado„ «es un ataque sin precedentes a la población y a los servicios básicos», declaró ayer la vicepresidenta Mònica Oltra tras el pleno del Gobierno valenciano.

La responsable de políticas sociales y de igualdad subrayó que «la trama base de los servicios sociales es municipal». Por eso, reiteró, con esa normativa que entrará en vigor el próximo año se «desmontan los servicios sociales». La medida aprobada ayer por el Consell no contempla dotación presupuestaria puesto se trata de que los municipios sigan prestando los servicios que ya ofrecen «con tranquilidad», agregó la vicepresidenta. Desde el Consell se hacen votos por un cambio de la norma estatal. «Todos los partidos políticos, a excepción del PP, se han comprometido a cambiar esta ley» en el caso de que Mariano Rajoy sea desalojado de la Moncloa.

El Consell entiende que la «determinación del régimen del ejercicio de las estas competencias resulta de una enorme trascendencia en la medida que afecta a la prestación de servicios públicos en ámbitos sensibles, en los que cualquier situación de incertidumbre jurídica podría provocar una parálisis en su prestación y un grave prejuicio para la ciudadanía». Por ello, se indica desde el Ejecutivo valenciano, «las conselleries competentes en la materia elaborarán un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios en el que se contemplen las condiciones para el traspaso de los medios económicos, materiales y personales correspondientes».

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