Sin tregua. El Ministerio de Hacienda acaba de reclamar a los 542 ayuntamientos valencianos y a las tres diputaciones provinciales una información detallada sobre los ajustes que prevén ejecutar durante el año 2016. El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha remitido un documento de 11 folios a las entidades locales en el que les detalla las partidas que deben desgranar.
Se rellenarán dos tipos de cuadros. Uno, para las corporaciones con menos de 5.000 vecinos censados, y otro, para los municipios que rebasen esa cifra. Son estos últimos los que más datos tendrán que aportar y, por tanto, estarán más fiscalizados.
Uno de los apartados a rellenar será el dinero extra que prevén recaudar las corporaciones gracias a «modificaciones de políticas». En concreto, Hacienda ha pedido a los consistorios que cuantifiquen los ingresos que esperan conseguir gracias a subidas de impuestos y supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias, tal y como consta en la documentación enviada por el Ministerio de Hacienda.
Y no sólo eso. Al margen de adelantar las previsiones de ingresos en ese apartado para 2016, las poblaciones de la Comunitat Valenciana tendrán que explicitar también cuánto dinero confían en recaudar este año por esos conceptos.
Los cuadros facilitados por el Gobierno obligarán también a los consistorios a detallar de manera pormenorizada su previsión de ingresos en distintos capítulos. En cuando a tributos, por ejemplo, se tiene que anunciar de manera individual la cuantía a recaudar por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), entre otros.
La información que deben remitir las corporaciones locales se amplía además al conjunto de entidades que integran la entidad. Es decir, a empresas públicas, fundaciones y organismos autónomos, entre otros. Y si en los ingresos se debe explicitar hasta el más mínimo detalle, en los gastos, también.
La primera casilla que deben cumplimentar los ayuntamientos y corporaciones provinciales hace referencia a cuánto pretenden ahorrar gracias a la «reducción en costes de personal», incluyendo en ella tanto la rebaja de sueldos como la de efectivos. Otra de los cifras que han de cuantificar es la relativa a los ajustes de asesores. Y ahí, la cuantía no será desdeñable. Cuando el Gobierno central aprobó en 2013 la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local puso coto al personal de confianza del que podían disponer los consistorios y las instituciones provinciales españolas.
Las que atravesaban por problemas económicos tuvieron que meter la tijera de inmediato. Pero, por el contrario, Hacienda «premió» a las entidades locales saneadas y les permitió aplazar esos ajustes hasta el 1 de julio de este año. Es, exactamente, lo que pasó con la Diputación de Alicante, por ejemplo. Los más de 40 cargos de confianza que había nombrados en el pasado mandato se han reducido ahora, por ley, a 29. Esa es la cifra de concejales de la mayor ciudad de la provincia, Alicante.
Última semana
Los ayuntamientos que no hayan remitido todavía la información al Ministerio disponen todavía de una semana más. De acuerdo con la guía enviada a los consistorios y la corporación provincial, «la aplicación para el suministro de esta información se cerrará el 14 de septiembre a las 24.00 horas y será improrrogable», reza en negrita el escrito. Y Hacienda no perdona el incumplimiento de los plazos.
