Una investigación de la Comisión Europea (CE) al aeropuerto de Castelló pone en jaque el futuro de la base y emborrona el inicio de los vuelos regulares, programados para el próximo martes. La CE ha detectado indicios de ilegalidad en el contrato de concesión de la infraestructura, que obliga a la Generalitat a desembolsar 24,5 millones de euros a la empresa SNC-Lavalin en los nueve primeros años. El plazo de presentación de alegaciones vence el próximo martes, coincidiendo con el arranque de las operaciones de Ryanair.
Fuentes de la Conselleria de Hacienda detallaron que la Comisión remitió el pasado 15 de abril a la sociedad pública Aerocas una carta informando de la apertura de un expediente al considerar que el contrato con SNC-Lavalin podría constituir una ayuda ilegal por vulnerar la libre competencia. Además, pregunta si la Generalitat aporta algún capital a Ryanair por operar en Castelló.
Las mismas fuentes censuraron que el anterior consejo de administración de la sociedad pública Aerocas cesó en bloque sin efectuar el habitual traspaso de competencias y sin informar al nuevo Consell de la «patata caliente» que dejó como herencia. Desde la conselleria lamentaron la «irresponsabilidad» y «falta de respeto institucional» de los anteriores gestores.
Hacienda admitió que la investigación abierta «pone en riesgo el aeropuerto de Castelló» y manifestó su voluntad de «salvar» el proyecto cumpliendo con la legalidad. Los servicios jurídicos de la Generalitat trabajan contrarreloj para responder a las preguntas de la CE. Se ha pedido un prórroga que caduca el próximo día 15.
El nuevo presidente de Aerocas, Francesc Colomer, manifestó que intentará resolver «un problema heredado». «Vamos a colaborar al máximo, aunque es evidente que algo no se habrá hecho bien cuando Bruselas ha abierto una investigación». Colomer criticó la «precipitación crónica» con la que actuaron los gobiernos del PP en el aeropuerto. Recordó que en 2011, en la antesala de las autonómicas y municipales, se inauguró la instalación pese a que no estaban los permisos de apertura. A mediados de 2014, el anterior Consell adjudicó la gestión de la base durante 20 años a la multinacional canadiense SNC-Lavalin tras imponerse en el concurso público. El también secretario autonómico de Turismo anunció una auditoría de los contratos.
Preocupación de Puig
El president de la Generalitat, Ximo Puig, señaló que el Consell «está revisando hasta el último detalle» el contrato del aeropuerto. Según dijo, la investigación de la CE «es preocupante porque ya tenemos una crisis abierta con la Ciudad de la Luz; sólo faltaría que se abriese otra con el aeropuerto de Castelló».
