17 de septiembre de 2015
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El TSJ recibe la querella contra Císcar y Català por "ocultar" información pública

Una juez de instrucción aprecia indicios de delito contra el derecho fundamental de participación política

17.09.2015 | 14:09

La coordinara de Esquerra Unida del País Valencià, Marga Sanz, ha anunciado que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha recibido su querella contra el exvicepresidente del Consell, José Císcar, y la exconsellera de Educación, María José Català, por presuntamente haber ocultado información pública a la formación de izquierdas.

La coordinadora de EUPV ha manifestado que «la ocultación sistemática de información, que fue práctica habitual del Consell del PP, constituye un delito por violar el derecho fundamental a la participación política y esperamos que el TSJ llegue hasta el final y nunca más vuelvan a repetirse actitudes oscurantistas, sectarias y antidemocráticas que han vulnerado no sólo el Reglamento de Las Cortes sino el Estatut y la propia Constitución Española».

«Estamos satisfechos porque la justicia nos ha dado la razón y ha admitido a trámite la querella criminal contra los ex consellers, hoy diputados, Ciscar y Catalá, que en la anterior legislatura el grupo parlamentario de EUPV interpuso», ha asegurado. La querella, que firman otros cuatro exdiputados, también iba dirigida contra los exconseller Máximo Buch, Serafín Castellano e Isabel Bonig, actualmente presidenta del PP valenciano.

Según EUPV, la juez de instrucción que ha investigado la denuncia inicial concluye en su escrito que cabría entender que "existe una conducta de dos miembros del Gobierno Valenciano referida a la denegación de información y documentación a determinados diputados de la oposición en las Cortes Valencianas que expresamente habían efectuado solicitudes de información sobre actividades del Consell y que podrían ser constitutivas de delito alegado". Asimismo, el texto añade que, según expone el Ministerio Fiscal, los delitos vendrían cometidos por María José Catalá y José Ciscar de acuerdo con el artículo 23.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento, en su caso, y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana".

Entre la documentación incluida en la querella por EUPV y que fue denegada por la diputada del PP, María José Catalá, se encuentra el Plan para el diagnóstico y la revisión técnica de centros escolares públicos de la Comunidad Valenciana y el listado de centros incluido en el mismo, el informe de la Inspección Técnica del CEIP Hispanitat de Santa Pola, documentación relativa a la aprobación del gasto del contrato menor con la empresa DV-Cuatro S.L. y de la factura correspondiente, el informe de la Inspección Técnica de edificios del CEIP Rafael Altamira del Campello, relación de los centros educativos que tengan instalaciones con fibrocemento similar a los del CEIP Ciudad de Bolonia, la documentación relativa a la constitución de la Universidad Internacional Mare Nostrum y el informe sobre la creación de educación infantil y primaria en El Campello.

En cuanto a la referida a aquella que fue denegada por José Ciscar destacan los informes trimestrales de opinión pública en el ámbito de la Comunidad Valenciana realizados por las empresas Sigma Dos S.A. y KMC Asesores, así como el contrato celebrado con la empresa GFK-Emer ad Hoc-Research S.L. con relación a estudios trimestrales de opinión pública, documentación relacionada con los cuestionarios de dichos estudios de opinión pública realizados por la empresa Simple Lógica Investigación S.A., y el contrato laboral o de alta dirección entre RTVV y Ernesto Moreno, el que fuera nombrado en noviembre de 2013 como director general del ente público.

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