El juzgado de Instrucción número 19 de Valencia ha archivado la denuncia de EU contra la ex diputada del PP en la Diputación de Valencia, Carlota Navarro, por un presunto delito de allanamiento del despacho de la formación de izquierdas en la institución provincial. Navarro fue sorprendida por un asesor cuando registraba el espacio de EU en la diputación.
La decisión no es firme y podía recurrirse, como así ha sucedido. La titular del juzgado de instrucción número 19 ha dictaminado un sobreseimiento provisional, que permite retomar la investigación si surgen datos nuevos, en lugar del sobreseimiento libre (archivo definitivo) como solicitaba el abogado de Carlota Navarro.
La jueza da credibilidad a la versión de la ex diputada y considera que su «única acción ha sido acceder a uno de los despachos de la diputación, por cuestiones de mantenimiento o limpieza» y que «sólo se mantuvo unos minutos, sin que se haya podido acreditar que abriera o cerrara armarios». Para llegar a esta conclusión también se basa en el testimonio del asesor de EU, que declaró como testigo, y que confirmó que Navarro «entró a la zona común de los despachos, donde permaneció escasos minutos» y, al ser descubierta, justificó: «He venido a revisar». La jueza también tiene en cuenta que este mismo asesor «no tenía visibilidad de la puerta, ni de los armarios que hay en la entrada, por lo que escuchó exclusivamente, un ruido que le pareció de "abrir armarios"».
Las comprobaciones realizadas por la instructora también confirman que Carlota Navarro era en el momento de los hechos «vicepresidenta de la Diputación» que tenía entre sus funciones «la de mantenimiento y administración general» y que «como jefa de patrimonio, está autorizada a reclamar las llaves correspondientes a cualquier despacho de la Diputación de Valencia».
En este sentido, la Diputación de Valencia no cuenta con ningún «reglamento o acuerdos de sus órganos de gobierno sobre la utilización y designación de las dependencias».
La jueza de Instrucción 19 también considera que «la intimidad del domicilio de persona jurídica (en referencia a EU) no quedaría vulnerado, porque no ha quedado constancia del lugar donde se guardan los documentos privados». Y tampoco considera acreditado el «interés» de Navarro en «conocer secretos», por lo que «su conducta no sería punible».
Como todos los despachos pertenecen a la Diputación de Valencia, la vicepresidenta de la institución «estaba facultada para acceder, junto con el personal de vigilancia y limpieza, y podía tener acceso a las llaves, sin necesidad de autorización de los ocupantes del despacho, de los que no consta prohibición expresa, porque no son titulares sino usuarios».
De ahí que al no considerar «debidamente justificada la perpetración del delito, procede el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones».
