El acuerdo que los regantes del Júcar y el Vinalopó alcanzaron con la mediación de la Generalitat y el Ministerio de Medio Ambiente antes de las elecciones del 24 de mayo para trasvasar un máximo de 12 hectómetros cúbicos desde el pantano de Alarcón hasta las comarcas alicantinas ha saltado definitivamente por los aires.
El acuerdo está roto y no habrá envío de caudales desde el Júcar al Vinalopó por ningún otro conducto que no sea el actual trazado, entre el azud de la Marquesa en Cullera y el embalse de San Diego en Villena. Ese trasvase, que en estos momentos envía 15 hectómetros a las comarcas del sur, ha costado a las arcas públicas más de 300 millones de euros.
La decisión de romper el preacuerdo, que estaba cerrado pero que nunca llegó a firmarse pese a las presiones del anterior Consell del PP, está tomada y los regantes valencianos aseguran que no hay vuelta atrás. En campaña, el exvicepresidente José Císcar anunció que el agua llegaría al Vinalopó y la ministra García Tejerina también lo dio por hecho.
Pero los regantes valencianos aseguran que en las reuniones con los técnicos del organismo independiente Cedex ha quedado más que demostrado que el Júcar no tiene suficientes recursos para atender las demandas de Alicante y que el agua de la Marquesa es perfectamente apta para ello.
La opinión contraria de los técnicos y el giro a la izquierda del gobierno de la Generalitat, mucho más favorable ahora a las tesis antitrasvasistas que defienden los regantes de la Ribera del Xúquer han hecho definitivamente recular a la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) que agrupa a las compañías eléctricas con intereses en el río valenciano más caudaloso y también a unos 50.000 regantes valencianos.
Así, el acuerdo con el que el PP quería poner paz en la guerra del agua entre valencianos y presentarse en Alicante como el impulsor de este envío de 12 hectómetros desde el embalse de Alarcón, queda finalmente enterrado.
Aquella decisión de USUJ conocida a principios de 2015 supuso un cambio histórico en su posición ya que por primera vez aceptaba enviar caudales del Júcar al Vinalopó desde un punto situado aguas arriba del embalse de Tous. Un acuerdo que fue interpretado directamente como una venta de caudales y muy mal recibido en la Ribera porque suponía ceder a las presiones de Alicante por primera vez y a cambio de dinero. Pero los líderes de los regantes del Júcar, tanto su portavoz José Pascual Fortea „que siempre ha sido muy crítico con el PP„ como el secretario de la Acequia Real del Júcar, Juan Valero de Palma, defendieron entonces que si aceptaban enviar un máximo de 12 hectómetros cúbicos a Alicante para consumo humano era para acabar definitivamente con la guerra del agua. Y también para demostrar que estaban dispuestos a adoptar decisiones difíciles con el compromiso de que los alicantinos renunciaran definitivamente a su reivindicación de abrir una segunda toma en el trasvase Júcar-Vinalopó, bien en Cortes de Pallás o Antella. Sin embargo, ni Fortea, ni Valero de Palma ni el presidente de la USUJ Manuel García de la Cuadra nunca acabaron de estar plenamente convencidos de aquella cesión. Les preocupaba porque suponía abrir un grifo en el Júcar aguas arriba de Tous que tenía impredecibles consecuencias para el futuro y porque nunca sintieron que era un buen acuerdo para sus intereses. Si llegaron a aceptarlo públicamente fue porque les permitía poner en marcha los pozos de sequía abiertos en 1994 y así poder recuperar los 12 hectómetros que cedían a Alicante, en una operación de alrededor de un millón de euros, que es el coste anual del mantenimiento de los pozos. Ese coste lo asumían los usuarios de las comarcas alicantinas.
Defensa entusiasta del PP
El anterior Consell del PP defendió de forma entusiasta aquel acuerdo e incluso lo dio por cerrado varias veces antes de las elecciones autonómicas. Para el PP suponía vender la paz entre valencianos en un asunto tan espinoso como el agua y presentarse a las elecciones con un acuerdo beneficioso para Alicante: una solución a medio camino entre la Marquesa y la segunda toma que iba a contentar a todos.
Pero la ruptura supone para el Consell de Ximo Puig un problema porque Alicante no enterrará sus reivindicaciones sobre el Júcar y los regantes de la Ribera se cierran en banda a ceder una gota que no sea desde la Marquesa. La guerra del agua siga viva.
