13 de octubre de 2015
13.10.2015
Acuerdo

Consell y sindicatos pactan la devolución de parte de la extra de 2012

El acuerdo abarca también el aumento de los días de libranza por asuntos propios vinculado a la antigüedad

13.10.2015 | 20:05

La Conselleria de Justicia y Administración Pública y los sindicatos con representación en la Generalitat han cerrado hoy el acuerdo para el reintegro de parte de la paga extra suprimida en 2012, así como la recuperación de los días adicionales por antigüedad, tanto de vacaciones como de asuntos propios.

Fuentes de la Generalitat han indicado que firmaron el acuerdo los representantes de los sindicatos UGT-PV, CC.OO-PV e Intersindical Valenciana, mientras que CSI-CSIF votó en contra y FSES se abstuvo.

El pacto, cerrado en la Mesa General de Negociación que presidió la consellera Gabriela Bravo, se plasmará en un decreto ley que el Consell podría aprobar en su reunión del próximo viernes.

El preacuerdo entre el Consell y los sindicatos establece que la devolución "se realizará de modo que se garantice a todo el personal al que se le detrajo, junto el importe ya devuelto, una recuperación equivalente al 50 por ciento del importe efectivamente dejado de percibir por dicho concepto" y, además, compromete a la Administración a que "el abono de las cantidades que procedan durante el ejercicio de 2015".

En relación con el reintegro de la paga extra al personal al servicio de la Administración de Justicia, "el abono de las cantidades pendientes de devolución se llevará a cabo, adoptando las medidas que procedan, para que sea efectivo en el mes de enero de 2016".

El acuerdo abarca también el aumento de los días de libranza por asuntos propios vinculado a la antigüedad en el puesto, medida que será efectiva para todo el personal funcionario, estatutario y laboral de la Generalitat Valenciana.

Intersindical Valenciana considera que este acuerdo pone fin a los recortes sufridos por los empleados públicos impuestos por el Estado y supone un reconocimiento explícito de una situación de la injusticia de querer atribuir a los empleados públicos la responsabilidad de la crisis económica.

CSI-F no ha suscrito el acuerdo por considerar que supone una discriminación para el personal sanitario, al tiempo que ha criticado la retirada del decreto de prolongación de la vida laboral.

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