La Conselleria de Sanitat Universal mantendrá en vigor las 5.400 tarjetas sanitarias que desde principios de agosto se han entregado a inmigrantes en situación irregular en la Comunitat Valenciana para garantizar su atención en virtud de la ley 3/2015, ya que aunque la norma acaba de ser suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional, la medida no tiene carácter retroactivo y todos los que ya disponen de la tarjeta podrán usarla con toda normalidad, informó ayer a Levante-EMV un portavoz de la Administración sanitaria.
Las mismas fuentes indicaron que a partir de ahora los inmigrantes «sin papeles» serán atendidos, no por aplicación de la ley, sino de las instrucciones que se dieron a los responsables de los departamentos antes de se aprobara la ley ahora en suspenso.
Una acreditación igual de efectiva
Aquellas indicaciones permiten entregar a los inmigrantes sin documentación reglada una nueva tarjeta sanitaria, diferente en formato de la que se ha dado hasta ahora, pero igual de efectiva a fin de garantizar su asistencia en la red pública sanitaria.
Lo único que va a cambiar para acatar la orden del alto tribunal es el «traje», pero no el contenido.
La medida será igual y de hecho, el nuevo documento sanitario que se entregue a partir de ahora solo podrá ser utilizado en el territorio valenciano, igual que ocurría con la anterior, que carecía de efecto en el resto del pais.
Es por eso por lo que la conselleria no entiende que hubiera «competencia con el Estado» que es lo que ha argüido el Gobierno de Rajoy para recurrir la ley valenciana ante el Constitucional.
Fuentes de la conselleria expresaron que otras comunidades, incluso algunas de las gobernadas por el PP, exportaron las primeras instrucciones que se dieron en la C. Valenciana para extender el derecho de sanidad universal a todas las personas, independientemente de su situación legal.
«Es una cuestión de forma»
El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, declaró ayer que la paralización de la ley valenciana de sanidad, «es una cuestión de forma, no de fondo».
«Estamos hablando de a quién le corresponde dictar una ley en materia de asegurados, prestaciones sanitarias y financiación» apuntó el delegado, que ha asegurado que la Constitución establece que el Estado es quien debe «establecer esas cuestiones», declaró a Europa Press.
En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo está «consensuando» con todas las comunidades un documento que ampliaría la asistencia primaria a los inmigrantes ilegales.
