La Generalitat admite que la tarea «no es fácil, pues exige tener en cuenta situaciones de muy diversa índole y sus posibles consecuencias». Las vías legales para cumplir las directrices de la conselleria no son muchas y algunas suponen un cierto riesgo para los ayuntamientos.
Paradójicamente una de las más claras es la que afecta a los suelos con Programas de Actuación Integrada (PAI) aprobados en los que el promotor no ha cumplido con sus obligaciones contractuales y existe una posible causa de resolución del programa.
En estos casos, la conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio propone a los ayuntamientos recurrir a la Ley de Contratos del Sector Público para inscribir a los promotores que no han cumplido sus obligaciones contractuales en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas, lo que implica la prohibición de contratar de los urbanizadores que hayan incumplido sus obligaciones en los programas.
Asimismo el Consell advierte que se debe tener en cuenta que «los instrumentos de planeamiento aprobados en los últimos veinte años han supuesto la clasificación de suelo urbano y urbanizable muy por encima de la demanda estimada de cada tipo de suelo, parte del cual, además, se reclasificó de suelo no urbanizable a suelo urbanizable al margen de la revisión de los planes generales, es decir, mediante planes reclasificatorios promovidos, en su mayoría, a instancia de promotores privados. A lo que debe añadirse que existen expedientes pendientes de reclasificar de varios millones de metros cuadrados más».
