Los pagos a la empresa Avialsa T-35, al menos en los últimos ocho años, y al Grupo Inaer están bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción y de un juzgado de Sagunto, por el presunto amaño de las adjudicaciones. No se trata de pequeñas cantidades. Entre las dos contratistas se han llevado más de 83 millones de euros en tres contratos y dos prórrogas. Así, Avialsa logró una adjudicación de 11,4 millones para el servicio aéreo de extinción de incendios por dos años, que en febrero de 2010 se renovó con una nueva concesión que en ese caso se otorgó por cuatro anualidades por un total de 22,7 millones.
En febrero de 2014 y antes de abandonar la Conselleria de Gobernación, Serafín Castellano decidió prorrogar la adjudicación por dos anualidades más, hasta el mes que viene, y 11,2 millones. La preparación de los pliegos y la firma del mayor de los contratos se produjo justo unas semanas después de que el exconseller Castellano, el propio Vicente Huerta, el constructor José Miguel Pérez Taroncher (amigo de Castellano y beneficiado por más de 200 contratos menores de la Generalitat por 7 millones de euros) y otros políticos del PP como Francisco Huguet „exalcalde de Quartell, y colocado en Avialsa por Castellano„ o Emilio Máñez, de confianza de Huguet, compartieron cacerías. Unas jornadas cinegéticas que presuntamente fueron pagadas por Avialsa T-35 o a través de la Fundación Medioambiental Huerta.
Gastos camuflados en facturas de consultoría urbanística o de comisión por mediar en supuestas transacciones inmobiliarias, que iban a parar a la empresa Aprovechamientos Cinegéticos, la sociedad que montaba las cacerías. El Grupo Inaer, por su parte, ganó en UTE con Sau y Foresma S. A. el concurso resuelto en marzo de 2013 para la adjudicación del servicio de helicópteros para la extinción de incendios, las urgencias sanitarias, la coordinación de emergencias o para la policía. Un contrato que ascendía a 37,8 millones de euros.
Este contrato caducó el pasado mes de noviembre, pero fue prorrogado hasta febrero de 2017. En total, las empresas investigadas por formar parte del cártel que pactó precios y se repartió bajo mano los contratos han acumulado 83,1 millones de euros.
