Los grandes negocios, dentro y fuera de la ley, a menudo residen en las cosas pequeñas y siempre en tener la llave de la caja. Así lo entendió el expresidente de la diputación Alfonso Rus y la cúpula de la presunta trama de cobro de comisiones a cuenta de contratos adjudicados en administraciones y empresas públicas del PP. Rus impulsó dos planes estrella desde la diputación que habrían catalizado el desvío de fondos y la supuesta financiación ilegal de los populares: el de instalación de césped artificial, piscinas y pádel, dotado con 34,7 millones, y el plan de sustitución de bombillas convencionales por leds, dotado con 30 millones.
El macrocontrato de las bombillas led se adjudicó el 26 de septiembre de 2012 a la setabense Inel-com, de Vicente Quilis, amigo de Rus, quien en octubre presentó el plan que iba a generar un ahorro del 60% a los ayuntamientos y cuyos encargos se canalizaban a través de la central de compras de la diputación. Pero no fue ésta la única empresa que participó de un montaje con más sombras que luces. Además del fabricante y los presuntos comisionistas, el empresario Salvador Sansano, exdirectivo de Canal 9 y uno de los detenidos en la Operación Taula, facturó a través de su empresa Valencia Interactiva SL, Valtiva, por servicios tan intangibles como un supuesto «asesoramiento para la gestión integral del multisuministro eléctrico». Unos teóricos trabajos realizados sin mediar contrato ni expediente, ni informe de necesidad del servicio. Solamente facturas. Tantas anomalías dispararon las alarmas de la Agencia Tributaria.
Sansano tenía como contacto en Imelsa a Salvador Deusa „otro que fue detenido„, persona de la máxima confianza del exgerente de la empresa Marcos Benavent. Deusa y Sansano coincidieron en RTVV, con responsabilidades en el departamento de informática. El administrador y socio único de Valtiva facturó en la etapa de Benavent un total de 625.000 euros a través de cuatro empresas: Valtiva, Auriba Producciones, Intereuropa de Sistemas Informáticos o S2 Grupo Innovación en Procesos Organizativos, según consta en la investigación judicial. Según la información de la que dispone Levante-EMV, todas las sospechas se focalizan sobre Auriba Producciones (llegó a facturar 204.000 euros solamente a Imelsa) y Valtiva, que percibió 250.000 euros en facturas firmadas sólo por Benavent y sin contar con la rúbrica del responsable de departamento en cuestión. Sansano cobró 170.000 euros a través de las otras dos empresas por servicios informáticos.
Valtiva tenía un solo empleado, como Auriba. La primera se constituyó el 24 de octubre de 2006 y su objeto social era la informática y sistemas de comunicación, según consta en el Registro Mercantil. Benavent quiso que Sansano participará en el negocio de los leds y le encargó la elaboración de un presupuesto para la contratación del citado «servicio de asesoramiento para la gestión integral de un miltisuministro eléctrico». Ese presupuesto fue firmado el 31 de marzo de 2014 por Marcos Benavent y Salvador Sansano. Benavent quería que se encargara de elaborar un pliego de condiciones para seleccionar a la empresa que gestionará desde Imelsa el plan de las bombillas y de suministro eléctrico y, además, que elaborara un informe técnico de valoración de las empresas que presentaran propuestas.
En ese presupuesto se recogían esos extremos. Pero nunca se convocó concurso, ni hay informe, ni expediente. Sin firmar ningún contrato, Valtiva empezó a facturar por asesoramiento en el programa denominado de «eficiencia energética en edificios de organismos adheridos a la central de compras y la diputación o la instalación de bombillas led para el alumbrado público».
El presupuesto estimado sólo para esa supuesta «gestión integral del multisuministro eléctrico» se estipuló en 29.935 euros más IVA. Imelsa abonó esa cantidad en dos facturas del 12 de mayo y el 7 de noviembre de 2014.
La diputación fue pagando facturas, incluso tras huir Benavent. Y la Agencia Tributaria llamó la atención. Así, el 4 de septiembre de 2015 „en plena investigación judicial de las supuestas mordidas„ Hacienda remitió a Valtiva y a Auriba Producciones una diligencia de inspección en la que se le exigía que justificara documentalmente los servicios prestados ante la sospecha de que se tratara de facturas falsas.
