Iba para residencia de la tercera edad. Por eso el proyecto arquitectónico contemplaba habitaciones, una cocina de tamaño XXL y una lavandería en formato industrial que diese abasto a las necesidades de una colada diaria con ropa de cama de ancianos, personas necesitadas de un cuidado especial. Hasta ahí el plan que había dibujado el ayuntamiento de Cortes de Pallás. Llegó a la alcaldía Alberto Sáez, del Partido Popular, y el proyecto se reconvirtió para construir el centro social del que hoy dispone el municipio del Valle de Ayora. Una obra en la que se mantuvo, con todo, la macrococina, tan desaprovechada como la lavandería. Los sobrecostes en la obra conforman uno de los capítulos de la causa judicial que instruye el titular del juzgado de Instrucción número 1 de Requena y que, como avanzó ayer Levante-EMV en exclusiva, provocó el miércoles la entrada y registro del consistorio por parte de agentes de la UCO de la Guardia Civil.
El caso está bajo secreto de sumario, pero fuentes conocedoras de la investigación explicaron a este diario que también se está indagando si los sobrecostes en la construcción y ampliación de las depuradoras de Cortes y de sus pedanías „parte de las obras son 2013„ generaron comisiones.
El exalcalde Sáez; la exprimera teniente de alcalde, Pilar Navarro; el secretario-interventor, Miguel Ángel Peris y el aparejador municipal Juan Carlos Navarro han sido citados a declarar como investigados por la Guardia Civil. Ayer mismo, ya prestaron declaración tanto la exprimer teniente de alcalde como el secretario del ayuntamiento. En un segundo turno acudirán el propio Alberto Sáez y quien fue su aparejador municipal en las obras que se acometieron bajo su mandato, buena parte de ellas en tela de juicio.
Plan General, bajo sospecha
Los cuatro políticos y técnicos están siendo investigados por delitos económicos y contra la administración en los citados pagos y en la adjudicación de diez contratos, según confirmó ayer el TSJ valenciano. Entre otros, se persigue la presunta prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental, fraude y delitos contra la ordenación del territorio. Entre el material que los siete agentes de la Guardia Civil y el secretario judicial se llevaron de las dependencias municipales figuraban diversos expedientes de contratación, así como documentación relacionada con la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La investigación judicial arrancó a raíz de la denuncia presentada por un particular sobre adjudicaciones urbanísticas, que finalmente ha acabado uniéndose en una misma causa con una segunda actuación relacionada con pagos de informes técnicos de arquitectura e ingeniería.
Por estos hechos ya se acometió un registro del ayuntamiento en septiembre de 2014. De aquella actuación en la instrucción, así como de la investigación realizada y de las declaraciones en sede judicial desde entonces se derivaron actuaciones que han desembocado en los nuevos registros.
Tanto el juez como la UCO busca pruebas sobre el pago de comisiones en la gestión del anterior alcalde de un municipio que goza de buena salud económica merced a los ingresos que recibe como compensación por albergar la central hidroeléctrica y, en menor medida, por las subvenciones al tratarse de un municipio situado en el área de influencia de la central nuclear de Cofrentes.
El exalcalde Alberto Sáez era persona de la máxima confianza del expresidente de la diputación y del PP provincial Alfonso Rus, quien lo nombró gerente de Girsa, la empresa semipública provincial de residuos sólidos. Una sociedad que estaba en apuros y que tuvo que acometer una ampliación de capital de ocho millones de euros.
