Las empresas investigadas en el caso Taula no se dedicaron al monocultivo de la construcción de campos de fútbol con césped artificial impulsados por Alfonso Rus. Los tentáculos de las compañías ahora investigadas llegaron a grandes obras de carreteras financiadas por la Diputación de Valencia y ayuntamientos y hasta la construcción y reforma de edificios. Fue el caso de Construcciones Francés, cuyo propietario fue detenido en la operación policial del pasado 26 de enero, y quien consiguió la obra de construcción del centro social polivalente de Cortes de Pallás, en el Valle de Ayora.
Estos trabajos están siendo investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la pasada semana registró el consistorio durante siete horas por presuntos delitos urbanísticos, como contó en exclusiva Levante-EMV. No era la primera vez. Los agentes se han dado cuenta que, lo que en un primer momento iba a ser una operación rutinaria de presunta corrupción, puede tener conexiones con el caso Taula. Dos de los principales imputados, Alfonso Rus y su exjefe de gabinete Emilio Llopis, acudieron a la inauguración de este edificio multiusos.
El gobierno socialista de Cortes de Pallás en la legislatura 2004-2007 decidió construir una residencia para mayores en el municipio. Las obras, que contemplaban una gran cocina y lavandería, fueron iniciadas y su construcción casi se finalizó. En 2007, un joven Alberto Sáez venció en la elecciones del pequeño pueblo del Valle de Ayora y decidió que la obra emblemática cambiara su función. Sáez apostó por un centro social polivalente, para lo que tuvo que modificar el proyecto.
El alcalde sacó las obras a concurso como «rehabilitación del edificio diáfano para centro social polivalente». El concurso lo ganó en enero de 2009 Construcciones Francés, ahora investigada en el caso Taula por numerosas obras de la época. En un principio la adjudicación se hizo por 882.861,81 euros, pero finalmente los trabajos acabaron costando más de un millón de euros.
Las obras recibieron ayuda económica de la Diputación de Valencia aunque el licitador fue el ayuntamiento. El alcalde de Cortes, la exprimera teniente de alcalde Pilar Navarro, el secretario-interventor, Miguel Ángel Peris, y el aparejador municipal, Juan Carlos Navarro, están siendo investigados por la UCO y un juzgado de Requena.
