09 de marzo de 2016
09.03.2016
Caso Taula

Ciegsa se creó para cobrar comisiones con los colegios "desde el minuto cero"

Marcos Benavent confirma al juez que la empresa pública podría haber generado 80 millones en mordidas del 3 % en los modificados

09.03.2016 | 01:40
Marcos Benavent, a su llegada a la Ciudad de la Justicia.

Las claves

  • 115 investigados en el «Caso Imelsa»
    En el Caso Imelsa hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por delitos contra la administración pública: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
  • Quince tomos de causa
    La causa, que se saldó con la detención a finales de enero de 24 personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, consta de 15 tomos (4.500 folios). La documentación incautada en los registros está clasificada en 10 piezas documentales.

El ecosistema de corruptelas que investiga la «Operación Taula» tuvo en Ciegsa (Construcciones e Infraestructuras Educativas SA) una de sus principales fuentes de ingresos. La empresa pública, creada en julio del año 2000 por el gobierno de Eduardo Zaplana bajo la batuta del conseller Manuel Tarancón (que ocupó la cartera de 1999 a 2003 y que falleció en 2004) fue «desde el minuto cero» un nicho de mercado para el presunto cobro de comisiones por la vía del sufrido «modificado de obra». La coartada era perfecta. Nadie se iba a negar a la inyección masiva de dinero público en un servicio público de primera necesidad: la construcción de colegios públicos que sustituyeran el bosque de barracones existente al inicio de la década del año 2000.

Y el instrumento elegido fue una empresa pública que agilizaría las inversiones necesarias para hacer realidad el mapa escolar, sin el «corsé» de los procedimientos legales en la contratación que debía cumplir la Conselleria de Educación como Administración pública. Esta mayor «flexibilización» de las adjudicaciones acabaría convirtiéndose en un coladero de irregularidades, como el tiempo ha demostrado.

El director de orquesta elegido por Eduardo Zaplana para llevar las riendas de Ciegsa fue Javier García-Lliberós Fernaud, marido de la entonces portavoz del Consell, Alicia de Miguel. García-Lliberós era entonces un economista sin experiencia en el sector público pero bien situado en el sector de la construcción, donde ocupó puestos directivos en varias constructoras.

García-Lliberós fue «el auténtico creador de Ciegsa y el verdadero promotor de todo el trabajo que la empresa ha hecho a lo largo de estos años», según la definición que hizo de él en 2005 el portavoz del Consell, Esteban González Pons, y que sucedió a Tarancón en la cartera de Educación de 2003 a 2004.

La gestión de García-Lliberós y su modelo de adjudicación de colegios (por lotes) fue duramente criticado por la Sindicatura de Comptes desde los primeros años de funcionamiento de Ciegsa por «los sobrecostes y la adjudicación de colegios por encima del presupuesto», según revelaba el informe del órgano fiscalizador de 2002. Una práctica denunciada por la entonces diputada socialista Ana Noguera, a través de las páginas de Levante-EMV. Unos sobrecostes que estarían generando, desde el «minuto cero» las primeras mordidas. Y que durante los 12 años de existencia de Ciegsa habrían podido generar unas comisiones de dinero en negro, gracias a los modificados de obra, de unos 80 millones de euros. Una cantidad que se obtiene de aplicar el 3% de las presuntas comisiones en dinero en negro a los 1.900 millones de deuda que acumuló Ciegsa, a los que se sumarían los 735 millones de sobrecostes en los colegios construidos, según el informe de la Intervención de la Generalitat.

Al menos esta es la tesis que maneja la trinidad de investigadores de la «Operación Taula», la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, tras las declaraciones de Marcos Benavent, el ex gerente de Imelsa y «arrepentido» de esta presunta trama corrupta. Benavent se ha convertido en la brújula humana que orienta a los investigadores en el ecosistema corrupto generalizado en la Comunitat Valenciano durante los últimos años. Sus revelaciones, apoyadas en grabaciones y pinchazos telefónicos judiciales, han sido confirmadas punto por punto durante la investigación, según ha podido saber Levante-EMV. De ahí que Benavent fuera citado ayer a declarar para comparecer ante el juzgado de instrucción número 18 de Valencia. El ex gerente de Imelsa declaró durante casi dos horas en la Ciudad de la Justicia para que «ratificase en sede judicial la última declaración realizada ante la Guardia Civil el pasado 1 de febrero», según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

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