La dirección del PP en la Comunitat Valenciana intenta ganar horas al reloj desde que el 26 de enero estalló la operación Taula que ha socavado los cimientos de la organización. Valencia no es una plaza cualquiera y resulta esencial para relanzar la imagen del PP que Isabel Bonig busca renovar y que la realidad viene a tumbar casi a diario.
La rebelión de los concejales del Ayuntamiento de Valencia, que se resisten a entregar el acta que les reclama la cúpula autonómica, ha puesto a Bonig y los suyos en una posición muy delicada. Por eso, el tiempo es su aliado. La formación no quiere dar una imagen de debilidad porque minaría aún más el liderazgo de Isabel Bonig, frágil porque los militantes nunca lo han refrendado y, por eso, la formación se resiste a adoptar una medida de fuerza ante la rebelión interna que protagonizan los nueve concejales investigados.
Con todo, la posición es clara y ante el desafío que plantean, el partido no dará un paso atrás. Si no hay más remedio los expulsará y dirigirá la oposición en el ayuntamiento desde la gestora que preside el exconseller Luis Santamaría. De momento, las dos partes pasarán la semana fallera con las espadas en alto y también la Semana Santa. Ayer nadie cedió.
El partido comunicará el lunes por escrito a los concejales lo que ayer Bonig y la vicesecretaria Eva Ortiz ya reclamaron de viva voz a los seis ediles que pasaron por su despacho de las Corts, el acta que los representantes municipales rechazan entregar. El partido ha puesto un plazo, que no difundió para ganar tiempo, en el que espera que recapaciten y abandonen. El lunes, Bonig se reunirá con el presidente del comité de Derechos y Garantías para determinar el plazo que dará a los concejales para que dejen su acta.
La tensión es alta. El PP se juega el futuro. «El acta sí o sí; sino habrá consecuencias», es la consigna de la calle Quart. De lo contrario, el partido tiene decidido abrir la vía que podría acabar en la expulsión de los concejales. Los estatutos amparan al comité que preside el diputado Alfredo Castelló ya que «ante determinadas actitudes se pueden tomar decisiones particulares», señalan fuentes populares.
El cisma de Madrid beneficia
Isabel Bonig no se siente sola ante el desafío interno. Tiene de su parte a los renovadores del PP, los Casado, Maroto, Levy o Maíllo que el martes forzaron a la vieja guardia a expedientar a la senadora Rita Barberá, pese al apoyo explícito a la exalcaldesa de Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal. Estratégicamente la decisión de Madrid beneficia a la cúpula del PPCV.
Esa investigación interna del comité de derechos y garantías estatal para determinar qué ha pasado en en el PP de Valencia „pese a que policías y fiscales consideran que existen indicios claros de blanqueo de capitales„ refuerza la posición de Bonig, cuya otrora padrina política ya no le perdona que no le dé su apoyo. Su último mensaje a Génova atestigua de forma clara lo que piensa la exalcaldesa: «Defended a la gente. Le puede pasar a cualquiera».
La dirección regional del PP insiste en que el pasado 9 de febrero, los concejales emitieron un comunicado en el que aceptaban entregar el acta si seguían investigado cuando se abriera el secreto de sumario. Ese era el pacto, defienden en la calle Quart. Y consideran que ese día ya ha llegado.
Pero, los concejales sostienen que lo era si existían pruebas contra ellos, lo que consideran que en absoluto puede deducirse de la apertura del secreto de sumario y se remiten a los estatutos, que recogen que deberían entregar el acta con la apertura de juicio oral.
Pero en la dirección entienden que incumplir el pacto supone una falta y eso expondrán ante el comité que preside Castelló. El incendio que amenaza el liderazgo de Bonig sigue activo. Y tendrá nuevo brotes en el futuro.
