Sufrir un accidente grave, un ictus o someterse a un tratamiento oncológico... son solo algunas de las causas por las que, cualquiera, puede pasar de ser totalmente autónomo a necesitar durante varios meses de su vida ayuda para desplazarse. Según la normativa actual, estas miles de personas que al año adquieren una discapacidad sobrevenida tienen que lidiar, además de con la dura recuperación, con la imposibilidad de obtener una ayuda que puede parecer nimia pero que, en el día al día es muy importante: una tarjeta especial de estacionamiento para discapacitados.
El Síndic de Greuges, José Cholbi, ha instado a la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, a que tenga en cuenta estas necesidades especiales y se emitan certificaciones especiales para facilitar que los ayuntamientos puedan otorgar tarjetas especiales para aparcar en zona acotada mientras duren los problemas de movilidad por la enfermedad o el accidente.
La sindicatura realizó esta sugerencia a la conselleria -el pasado día 14 de marzo- al hilo de la queja de un hombre de Alicante que solicitó su amparo después de que el ayuntamiento le denegase a su mujer una de estas tarjetas tras sufrir un ictus. A causa de la enfermedad, la mujer tiene «graves problemas de movilidad» desde julio del año pasado y necesita una silla de ruedas para sus desplazamientos.
Desde el ayuntamiento les negaron en primera instancia la tarjeta ya que ésta, según está redactada la normativa actualmente -orden de 11 de enero de 2001 de la Conselleria de Bienestar Social- solo se puede expedir cuando la persona afectada ha recibido el certificado de discapacidad, trámite que se hace una vez las «deficiencias son permanentes» y tras un tiempo desde el tratamiento y la finalización de la rehabilitación.
Situación «injusta»
A la afectada la citaron para hacerle este reconocimiento este mes de julio, lo que impedía, en principio, acceder a esta prebenda durante todo un año «a pesar de la evidente necesidad de ella», apostilla Cholbi.
Sin embargo y, tras los requerimientos del Síndic, desde el consistorio «han comprendido la injusta situación» que se produce al vincular la tarjeta «con el preceptivo reconocimiento que solo se realiza cuando la deficiencia tiene ya un carácter permanente», según informaron ayer desde la sindicatura.
De hecho, en el consistorio se quiere modificar el procedimiento que marca ahora la expedición de tarjetas y ya están en trámites «para expedir una provisional» para este matrimonio, según añadieron. El Síndic ve «razonable» que, en estos casos, se aprueben resoluciones «tras la valoración oportuna» que acreditasen las dificultades de movilidad «en un determinado momento, sin esperar a la finalización del proceso de rehabilitación» para que los consistorios pudieran conceder las tarjetas provisionales.
Cambios en la ley
La «sugerencia» del Síndic llega mientras la Dirección General de Diversidad Funcional de la Generalitat Valenciana ya trabaja en nuevas normas que regulen la casuística para acceder a estos sitios de aparcamiento reservados y que sustituyan a la orden de 2001.
Según ha podido saber Levante-EMV, entre los cambios a introducir estarían la expedición de tarjetas temporales, además del permiso para los conductores que transportaran a personas ciegas o para vehículos que lleven a personas discapacitadas de forma colectiva. Hoy por hoy, y con los condicionantes de permanencia y de demora, solo se expiden para personas con el grado de discapacidad reconocido o para sus conductores.
Cocemfe aplaude el cambio pero reclama más presión contra el fraude
El presidente de Cocemfe-CV, Javier Segura, aseguró ayer estar «a favor del cambio» propuesto desde la sindicatura para facilitar el aparcamiento en zona reservada a estas personas con una discapacidad «temporal» aunque al tiempo demandó más mecanismos de control para evitar el fraude que se registra actualmente con estas tarjetas. «No creo que nadie dentro del colectivo estuviera en contra aunque la administración debe tomar su parte de responsabilidad» en la vigilancia del buen uso para evitar el uso fraudulento y las duplicidades. Segura apostó de hecho por conectar el sistema sanitario y el social para facilitar esta tarea y ser más duro a la hora de revisar y sancionar a los familiares que hagan un mal uso.
