La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, que dirige Vicent Soler, se ha tomado muy en serio el objetivo de poner fin al descontrol en el sector público empresarial y funcionarial de la Generalitat. El foco, además de en las adjudicaciones y la caja fija, se ha puesto también en personal, una de las áreas más oscuras de las empresas y fundaciones públicas. Tras veinte años de gobierno popular y de contratar personas sin procesos selectivos, nadie en la actual Administración sabe a ciencia cierta la relación de puestos de trabajo asumidas por las actuales 35 firmas públicas y ello a pesar de que la difusión de las plantillas es una obligación legal desde hace años.
Tal como adelantó Levante-EMV, Hacienda prepara una purga en el capítulo 1, pero para ello necesita una información que a día de hoy no dispone. De ahí que haya decidido dar un ultimátum a las empresas para lograr que antes de que acabe el mes, la conselleria tenga en su poder la propuestas de relaciones de puestos de trabajo de todas las entidades.
La toma de control de la Conselleria de Hacienda sobre la política de personal del sector público comenzó el pasado mes de marzo con la misiva que la Dirección General del Sector Público ha remitido a todas las entidades en las que les da un mes de plazo para reunir todos los datos y hacerlos llegar al departamento de Hacienda. Este plazo vence el 1 de abril, es decir, la semana que viene.
La carta, firmada por la directora general del sector público, Empar Martínez, tiene en realidad dos objetivos. En primer lugar, requerir la información con todo lujo de detalles (la carta va acompañada de un modelo adjunto con toda una serie de cuestiones que las empresas deben responder) para proceder a su difusión. Pero, además, la carta encierra un aviso a navegantes: cortar de raiz cualquier intento de los actuales responsables de adoptar medidas en personal, ya sea de contratación o retributivas, sin la autorización de Hacienda. Fuentes sindicales consultadas por este diario admitieron que en algunas empresas ha habido intentos de fichar personal o sumar mejoras para los empleados sin pasar por el control de Hacienda. También, admiten otras fuentes, hay resistencias en algunas firmas a la hora de enviar los datos requeridos.
Con el permiso de Hacienda
En la carta, Navarro recuerda toda la normativa que emana de la ley de presupuestos sobre las limitaciones en las retribuciones de este personal, así como que cualquier acuerdo o convenio debe tener la autorización de Hacienda.
Hacienda, además, se encuentra con el problema de que no todas las empresas y fundaciones están bajo el control de conselleries socialistas. La negociaciones entre PSPV y Compromís para el acuerdo de Gobierno incluyó el reparto equitativo de firmas. Algunas están bajo la órbita socialista y otras bajo la de Compromís. Y los intereses políticos y sindicales no siempre coinciden.
Soler está intentando no entrar en colisión con otros departamentos, pero el control del sector público, aunque sea a costa de que las conselleries pierdan influencia sobre las firmas, no es sólo una prioridad de Hacienda. Es un objetivo de Presidencia y en el que está implicado el propio presidente Ximo Puig. De hecho, esta misma semana, el jefe del Consell se reunió con el equipo de Soler para fijar la hoja de ruta. Puig anunció cierre de fundaciones y revisión de los contratos.
El último informe de la Intervención sobre las auditorías privadas a las empresas es revelador sobre las irregularidades de todo tipo en el capítulo de personal, con aumentos salariales sin permiso, contratos de alta dirección y dietas cobradas ilegalmente.
Intersindical, sindicato mayoritario en este sector, ya respondió con un comunicado en el que advierte a Puig que los sindicatos deben en cualquier medida que afecte a la plantilla.
