La Conselleria de Sanidad ha iniciado el procedimiento administrativo gracias al que esperan poder anular las órdenes dadas por el anterior Consell de Alberto Fabra y que eximían a las concesionarias sanitarias de los cinco departamentos bajo gestión privada de pagar los fármacos para el tratamiento de la hepatitis C.
Solo durante 2015, y según una estimación oficial, el coste asumido por la Generalitat fue de 15,7 millones de euros.
Así lo confirmaron ayer fuentes de la administración que dirige Carmen Montón después de que Levante-EMV hiciera público que la Abogacía de la Generalitat concluye en un informe que la dispensación de estos medicamentos debe correr por cuenta de las empresas concesionarias al ser tratamientos hospitalarios toda vez que se dispensan de forma ambulatoria.
Según el informe, estas notas informativas del anterior director general de Farmacia son «parcialmente incompatibles» con los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos de gestión y, por lo tanto, los modifica «sin seguir el procedimiento previsto para ello» y con un firmante que, posiblemente, no tenía «competencia», para ello.
Revisión de oficio
De esta forma, Sanidad confirmó ayer que se ha comunicado a las empresas gestoras de los cinco departamentos: Ribera Salud, DKV y Sanitas, el inicio del procedimiento de revisión de oficio que busca concluir con la anulación de las «notas informativas» emitidas en su día por el entonces director general de Farmacia si el Consell Jurídic Consultiu así lo considera.
Como todo proceso administrativo, se prevé largo ya que, por ahora, solo se ha comunicado el inicio y se ha dado un plazo de 10 días a las adjudicatarias sanitarias para ver el expediente y realizar las alegaciones que consideren.
El siguiente paso será realizar una propuesta de resolución que debe recibir el dictamen del CJC. Si este es positivo para los intereses de la conselleria, se anularían las notas informativas y se plantearía a las empresas una forma de liquidación del dinero aportado por estos tratamientos hasta ahora que la conselleria tiene contabilizado por departamentos de salud.
La reclamación de este dinero abre una nueva brecha entre el nuevo Consell y los gestores de las concesionarias sanitarias, ya enfrentados por la decisión política de revertir las concesiones a la sanidad pública y de intentar hacerlo incluso antes de que concluyan los contratos, como en el caso de Dénia, en el que el presidente de la Generalitat negocia para adquirir el porcentaje mayoritario de la firma DKV en la gestora.
Desde la empresa socia de la aseguradora en Marina Salud y gestora al 100 % de los departamentos de Alzira, Torrevieja y Elx, Ribera Salud, declinaron ayer hacer declaraciones.
«No queremos hacer ninguna declaración sobre nuestras relaciones empresariales con el Gobierno para no alimentar el debate político. Sí que le pedimos a los filtradores de informes, que cuando tengan el informe definitivo del Consejo Jurídico Consultivo lo vuelvan a filtrar, para conocer por la prensa el resultado final antes de saberlo por las reuniones de Comisión Mixta entre concesiones y Conselleria, dado que en las múltiples reuniones mantenidas hasta la fecha no hemos sido informados», aseguraron.
