Las Corts Valencianes tienen previsto reducir prácticamente a la mitad la flota oficial de vehículos con que cuenta la Cámara.
En la actualidad, el parque móvil del Parlamento valenciano dispone de 13 vehículos, que fueron adquiridos a través de un operación de renting en tiempos del PP. La cifra inicial ascendía a 15, pero se prescindió de dos de ellos.
Ahora, los nuevos responsables, de Compromís, preparan el proceso de adquisición de siete vehículos a estrenar que se destinarán a funciones de representación del presidente, los miembros de la Mesa y síndicos. Cada vehículo tiene un coste previsto de 32.670 euros. Las bases de la convocatoria recogen un presupuesto global de 228.690 euros. Con la adquisición de los siete vehículos se rebaja de forma muy considerable el número de coches oficiales al servicio de la Cámara, lo que supondrá un ahorro para la institución de 88.000 euros.
Los servicios jurídicos ya han dado el visto bueno al suministro de los siete vehículos nuevos, una vez que la operación de renting que afecta a los 13 anteriores está a punto de expirar.
Pago en cuatro anualidades
Las bases de la convocatoria para la adquisición de los siete vehículos a estrenar ya están redactadas y contemplan la contratación del parque móvil en régimen de arrendamiento financiero por un período de cuatro años para funciones de «alta representación» de los miembros de las Corts. El pliego incluye seguro a todo riesgo, asistencia las 24 horas, además de mantenimiento y todo tipo de reparaciones, con cambio de neumáticos cada año, ya que la previsión es que realicen 40.000 kilómetros anuales.
De 160 CV y gasolina
Las prestaciones de los vehículos incluyen combustible gasolina híbrido, mínimo de 160 CV y navegador entre otras. Las Corts pagarán los 228.690 euros en las 48 mensualidades de duración que tiene el contrato. En el pliego de condiciones se recoge que para la adjudicación pesará especialmente la oferta económica, con la máxima puntuación, el 55%; la propuesta técnica, el 35% y las mejoras hasta un 10%.
En caso de igualdad en las proposiciones se dará preferencia en la adjudicación a las empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento.
Pueden optar a la adjudicación del contrato las personas físicas o jurídicas españoles o extranjeras.
