La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, ha ampliado dieciocho meses más la investigación de las dos piezas separadas del «Caso Blasco» que quedan por instruir ante la «complejidad» de la causa y el elevado número de imputados, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La magistrada estima la petición de la Fiscalía Anticorrupción y declara la complejidad de estas dos piezas separadas por lo que «amplia de 6 a 18 meses el plazo para investigar al exconseller Rafael Blasco, a su equipo en la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía y a otras personas por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a la cooperación», según fuentes del TSJCV. Los delitos que se investigan en ambas piezas son los de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, falsedad documental y cohecho.
Según fuentes del TSJCV, «la decisión de la jueza se produce como consecuencia de las nuevas pruebas halladas a raíz las diligencias practicadas desde que el caso pasó del Tribunal Superior de Justicia a Instrucción 21, una vez que el exconseller dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal».
Otros elementos que justifican la prórroga de la investigación, a juicio de la magistrada, son los «numerosos hechos punibles, la gran cantidad de personas investigadas, la práctica de pruebas periciales que implican el análisis de abundante documentación, así como diligencias de investigación en el extranjero».
Desde que Instrucción 21 recuperó la investigación del «Caso Blasco» Nieves Molina «ha imputado a una persona más y ha tomado declaración a 56 testigos, 22 de ellos en la pieza separada número 2, que investiga las subvenciones de la conselleria a distintas ONG en 2009, 2010 y 2011» y en las que se habrían cometido los presuntos delitos de «cohecho, malversación, prevaricación, falsedad y fraude de subvenciones». Sólo en la pieza separada número 2 hay un total de 23 imputados, como el exconseller Rafael Blasco, el que fuera jefe del área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán; y el empresario César Augusto Tauroni.
En la pieza separada número 3 se investiga el desvío de fondos para la construcción de un Hospital en Haití. Es la que más avanzada está «después de que la jueza haya tomado declaración a 34 testigos desde que el TSJ devolvió la causa» y su conclusión sólo pende de un informe de la Intervención de la Generalitat, según el TSJCV. En la pieza número 3 hay un total de 12 imputados entre los que se repiten lo mismos protagonistas: Blasco, Llinares, Sanjuán y Tauroni.
El siete veces conseller Rafael Blasco y su equipo ya fueron condenados por el TSJCV, ratificadas por el Supremo, a penas cuatro a seis años de prisión por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a las ayudas a la Cooperación y el Desarrollo.
