El caso Cartagena ha llegado a un punto y final casi un cuarto de siglo después de que la Agencia Tributaria detectara un posible fraude fiscal en la persona de Luis Fernando Cartagena, entonces una joven promesa del PPCV. Quien fue alcalde de Orihuela y ex conseller de Obras Públicas con Eduardo Zaplana, se sentó el pasado viernes en el banquillo de los acusados en el juzgado de lo penal de Orihuela para someterse a un juicio cuya instrucción se ha alargado dos décadas y que durante muchos años estuvo en el epicentro de la agenda política y judicial.
Pese a ello, el caso se solventó discretamente en apenas media hora. Cartagena aceptó como condena una multa de 125.817 euros, un mes y medio cárcel y la obligación de devolver 502.817 euros a la Hacienda Pública.
El exconseller había llegado a un acuerdo con el fiscal, de tal manera que se declaró culpable de haber cometido fraude fiscal en 1988 por ocultar que su patrimonio había crecido en casi un millón de euros gracias a la adquisición de las llamadas cesiones de crédito o primas únicas del Banco Santander, un producto opaco que el banco ofrecía a determinados clientes. Al aceptar el acuerdo, Luis Fernando Cartagena ha evitado una eventual pena de prisión, un lugar que ya pisó por otro asunto diferente: la apropiación indebida de un donativo de 49.000 euros que una congregación de monjas hizo al Ayuntamiento de Orihuela.
Ejemplo de lentitud
Pero más allá de la estrategia procesal del exconseller, el caso Cartagena no es solamente un triste y paradigmático ejemplo de lentitud en la Justicia. La causa acabó con la prometedora carrera de un político a quien muchos situaban como delfín de Zaplana y generó la sombra de la sospecha sobre la financiación irregular del PP, un nubarrón que nunca ha dejado de perseguir a la organizacion de la gaviota que en la actualidad tiene varios asuntos pendientes como Brugal y Gürtel.
Los partidos de izquierda, en aquellos años en la oposición, siempre creyeron que Cartagena era una pieza más en el supuesto entramado del PP valenciano para captar recursos de manera irregular. E
n sólo un año movió más de 300 millones de las antiguas pesetas en 37 operaciones opacas. Esta supuesta vertiente del caso, sin embargo, nunca llegó a investigarse judicialmente.
El exconseller fue también el primer cargo importante del Consell de Zaplana que se vio obligado a dimitir por el escándalo.
Lo hizo cuando todavía estaba solo imputado, pero 24 horas después de un demoledor informe del Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia a quien el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana encargó que indagara los movimientos bancarios del entonces conseller. Los peritos, tras horas de trabajo, encontraron la aguja en el pajar que demostraba que el dirigente era el verdadero propietario de las cesiones de crédito del Santander. Una transferencia desde su cuenta bancaria de 88.524 pesetas lo delató.
Protagonistas jubilados
El minucioso trabajo de los informáticos de Robótica (analizaron más de 1.200 cintas magnéticas, algo así como descifrar 200 enciclopedias) no solo puso en la picota al exconseller del PP, sino a la propia entidad bancaria, que utilizaba un calculada estrategia para permitir a sus clientes lavar dinero negro.
Los responsables de la entidad bancaria nunca llegaron a sentarse en el banquillo, ya que en un momento del largo y enrevesado procedimiento judicial, la Abogacía del Estado y la Fiscalía levantaron su dedo acusador contra el banco. Mienstras tanto, la espera ha jubilidado a los principales protagonistas de esta investigacion judicial que no ha sido ajena a presiones e intereses políticos y económicos.
El pasado viernes, en Orihuela, lejos de los focos, el caso Cartagena fue resuelto con inusitada rápidez y en el más absoluto de los silencios.
