Lleva en el pecho una insignia de Puçol. Es circunstancial. Se la han puesto antes de la entrevista, durante una visita a las obras que se realizan en el municipio con los fondos del plan de inversiones que activó con el superávit que se encontró hace un año. No todo iban a ser operaciones judiciales para destapar nidos de corrupción. Jorge Rodríguez, licenciado en Ciencias Políticas tras abandonar la medicina y alcalde de la ciudad donde nació (Ontinyent, 1979), quiere pensar que ya no le esperan sorpresas en los cajones de la Diputación de Valencia, donde relevó al investigado Alfonso Rus (PP).
Cuando lleva un año en la casa, ¿ahora sí que puede decir que es el momento de cerrar?
No [ríe]. Es precisamente el momento de tomar el trabajo con más ganas. Lo peor ha pasado.
¿Qué era lo peor?
La incertidumbre sobre la situación. Nos obligó a un esfuerzo grande de transparencia y colaboración con la Justicia? Que eso quedara en la vieja diputación y la nueva no tuviera ningún lastre.
Habla de nueva diputación. ¿En qué es diferente de la vieja?
En muchísimas cosas. En formas, porque es mucho más sensible al ámbito municipal y posiblemente mucho más humilde y 'normal'. Una institución que tiene claro que no podía ser un ayuntamiento de ayuntamientos, en sentido jerárquico, sino un ayuntamiento más.
¿Y en el fondo?
Ha habido un cambio sustancial al dedicar los remanentes de tesorería a inversiones decididas por los municipios, a garantizar la independencia municipal y a objetivizar al máximo las ayudas, de forma que una ciudad tenga lo que le corresponde según parámetros objetivos, con independencia de su color político. Es algo normal, pero ha sido casi revolucionario.
¿Ya no hay clientelismo?
Se ha eliminado. Hay una parte de convenios que responden a una singularidad, pero no puede ser que la diputación sea una casa de amigos en la que se premia o se castiga al color político.
¿Se esperaba todo lo que se ha encontrado en los cajones? ¿Queda aún alguna sorpresa?
Me gustaría pensar que no quedan sorpresas escondidas, pero estamos hablando de muchos años. Esta misma semana los investigadores han estado en el Ayuntamiento de Xàtiva. Lo que nos llega es que la documentación de la diputación y de Imelsa se sacó en los primeros meses.
¿Qué ha sido lo más duro en este año?
Emocionalmente, la tristeza del principio, al llegar a una administración con una hipoteca reputacional muy dolorosa que genera desconfianza. Entristece que la acción de unos sinvergüenzas acabe afectando a gente que nos dedicamos al servicio público.
Ximo Puig habla con frecuencia de esa hipoteca reputacional. Da la impresión de que la principal función hoy es blanquear la imagen de las instituciones.
El problema, como dice el president, es que esa hipoteca reputacional no ha quedado circunscrita a la diputación o una conselleria, sino que lo ha sido de la propia Comunitat Valenciana. Tiene efectos dramáticos porque es un lastre en la batalla por la financiación, cuando te echan en cara que has estado despilfarrando. Por eso, nuestro primer objetivo ha sido, y creo que nos hemos acercado a conseguirlo, que la diputación dejara de dar vergüenza a los valencianos.
¿Le hubiera gustado profundizar en el saneamiento de Imelsa? ¿Se han quedado cortos? Lo digo porque han prescindido de una treintena de personas en una plantilla formada casi al completo por elegidos a dedo.
Más que quedarnos cortos, no hemos acabado. Un 90 % de la plantilla de Imelsa „ahora Divalterra„ son brigadas y ya anunciamos un plan de modernización dentro del cual se pondrán en marcha procesos de selección. Teníamos claro que no podíamos repetir el error de RTVV; no se podía acabar generando un problema añadido.
¿La diputación ya no es una entidad con superávit?
El superávit que heredamos procedía sobre todo de que en 2015 la gestión fue nula porque los responsables estaban ya en otros asuntos mucho más graves para ellos. Eso nos permitió poner en marcha un plan de inversiones financieras sostenibles con 71 millones, que se ha transformado en 1.200 obras y en el mantenimiento de unos 2.400 puestos de trabajo.
¿Está cómodo con Compromís, València en Comú y EUPV?
Sí. Vengo de una ciudad, Ontinyent, con una larga tradición de gobiernos compartidos. Además, ha habido un feeling personal que facilita las cosas. Me pasa con la vicepresidenta [Maria Josep Amigó, de Compromís]. Ha habido también altura de miras, porque todos éramos conscientes de que llegábamos en un momento de emergencia nacional y uno no ha de ponerse a hilar muy fino, sino a trabajar para solventar esa emergencia.
Pero en algunas áreas han surgido fricciones entre cargos de distintos partidos?
Al final, es como en las familias: dos hermanos pueden enfadarse, pero no dejan de quererse. No hay que ocultar tampoco la realidad de que no somos un partido, sino cuatro, y eso significa que tenemos diferencias. Es normal que haya cosas que sean prioritarias para Compromís, EU o València en Comú y no lo sean para el PSPV. Si fueran las mismas, hubiéramos ido en una lista conjunta. Una mayoría absoluta no tiene porqué ser absolutista y un gobierno de coalición, un guirigay.
El PP, ahora en la oposición, les acusa de aplicar el rodillo. ¿Han aprendido del pasado?
El PP tiene un gran problema de amnesia, porque si de algo sabe es de rodillo. Me alegro de que hablen de que son 'nueva diputación', porque es señal de que la antigua no les gustaría tanto. Intentaremos que lo que ellos entienden como rodillo no se produzca, pero no hay que olvidar que el juego de mayorías hace que a veces pierdas mociones.
¿Las diputaciones deben ser instituciones en vía de extinción, como aparece en los idearios de la izquierda?
Lo importante no es tanto la diputación en sí como la utilidad o no de ella. Para un porcentaje de pueblos es esencial, porque presta servicios de recaudación o gestión de aguas. Eso no puede desaparecer. ¿Podría ser sustituida? Podría. Pero soy de los que opina que el debate de diputación sí o no es muy miope. En España el problema es mucho mayor, de reparto de competencias entre el Estado, las comunidades, las diputaciones y los municipios. Eso lleva al ridículo de que en una carretera el mantenimiento pueda ser de hasta cuatro instituciones.
¿Cree en la comarcalización? ¿Hay que ir más allá de lo que ha ido la Generalitat?
Creo en ella en los lugares donde hay tradición comarcal, pero hay muchos donde no existe. En lo que no acabo de creer es en que una institución tenga que ser sustituida por trece. No creo que eso traiga más eficiencia. Hay que avanzar en la comarcalización para dar proximidad al ciudadano, pero no creo que pueda acabar sustituyendo a una única institución, porque producirá una multiplicación de problemas.
El Consell de Puig y Oltra les ha recortado las competencias de turismo y deporte. ¿Es el camino lento y callado para acabar con las diputaciones?
Tampoco es un recorte de competencias. Quien realmente recortó competencias turísticas fue Montoro. El Consell ha tratado de coordinar las competencias en aquellas cuestiones que iban más allá de una línea imaginaria provincial. Hay un debate por el PP que entiendo, pero que responde a otras cuestiones.
Sus homólogos en Castelló y Alicante (del PP) se han levantado en pie de guerra contra la decisión. ¿Usted no lo ha hecho por disciplina de partido?
El PP ha mantenido el poder solo en esas dos diputaciones y las quiere utilizar como trampolín para hacer oposición. Por respeto institucional y por trellat, me parece normal reconocer a la Generalitat una capacidad de coordinar los recursos para mejorar el servicio.
¿No hubiera asumido usted ese papel en el caso de controlar el PP el Consell?
Creo que el PSPV siempre ha tenido más sentido de la responsabilidad o lealtad institucional. En cambio, la cooperación no está en el ADN del PP. Hoy existe buen rollo, sí, pero durante años, con el PP, el Palau de la Generalitat y el de la diputación han sido dos frentes de guerra abierta, utilizando las instituciones para una batalla partidista. Este año he entendido que lo que creía normal, como coordinarse, resulta que es extraordinario. Creo que miembros del Consell actual de diferentes partidos tienen infinitamente mejor relación que la que había antes entre consellers del mismo partido.
Dice que es reivindicativo con el Consell, si es necesario. ¿Qué hay que mejorar?
Muchas cosas. En cooperación se ha hecho mucho, como la participación en Xarxa Llibres, pero debemos continuar en materias como escuelas de adultos, en las que la financiación es compartida, o en la gestión del psiquiátrico de Bétera, que hemos de coordinar sí o sí con Sanitat. Queda una tarea larguísima. También hemos de trabajar en común para la coordinación de prevención y extinción de incendios.
Cuando ve a Rus investigado, con la Guardia Civil vaciando sus despachos, y ve que algo similar ha pasado con presidentes de las diputaciones de Castelló y Alicante, ¿piensa aquello de cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar?
No. Pienso que la Justicia de este país funciona. Que continúa siendo lenta, pero que quien la hace, la paga, y también que no conozco a ningún honrado que sea investigado. Yo intento ser honrado para no ser nunca investigado. He de reconocer que estos casos me dan pena y rabia, porque me dedico desde los 23 años a la política y la mala praxis de algunos afecta a todos. ¡Cómo no van a estar las diputaciones mal vistas con los tres expresidentes a punto de entrar en prisión o ya en ella!
Y con todo eso, ¿por qué el PP ha aumentado votos en las últimas elecciones?
No podemos extrapolar datos de unas elecciones a otras. La gente sabe cada día más a quien vota en su pueblo o en las autonómicas. En un momento de incerteza la gente tiende a hacerse conservadora. El hecho de la investidura fallida de Pedro Sánchez ha hecho también que mucha gente dijera legítimamente «ya vais bien, no me digáis que yo he votado mal». Ese cansancio se ha traducido en una bajada de votos generalizada de la izquierda.
¿Le molesta que otros en la diputación cobren más que usted?
No me molesta si tienen mayor responsabilidad o si han optado a un puesto fijado con una remuneración mayor. Pero no entiendo que nadie en el ámbito de la política cobre más que el presidente de la Generalitat, tampoco ciertos alcaldes, que los hay, y tampoco entiendo que un asesor como Antonio Lis cobre más que el presidente de la diputación.
