Uno de los pilares en los que se sustenta la propuesta de reforma del modelo de financiación que el Consell de Ximo Puig puso sobre la mesa del ministerio en cuanto asumió las riendas del gobierno autonómico hace un año es el desarrollo de un fondo de garantía de servicios públicos fundamentales que asegure que todas las autonomías van a recibir los mismos recursos por habitante y que, por tanto, garantice la equidad.
Justo eso es lo que acaba de defender la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que dirige Ángel de la Fuente, el experto elegido por el Ministerio de Hacienda para las cuestiones de financiación, aunque el departamento que dirige Cristóbal Montoro lleva años retrasando la reforma del modelo, que es crucial para los intereses valencianos.
Fedea propone la creación de un fondo «de reserva», una especie de hucha «social» para las comunidades autónomas que asegure la financiación de los servicios públicos fundamentales.
En el documento presentado esta semana la fundación propone crear un fondo similar al de la Seguridad Social que asegure dinero suficiente para pagar los servicios públicos que prestan las autotomías, independientemente de los vaivenes económicos.
Ese matiz es fundamental porque una de las autonomías más castigadas por el ciclo económico posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria es precisamente la Comunitat Valenciana. Incluso en esa situación, el fondo permitiría a todas las autonomías recibir los mismos servicios públicos fundamentales esenciales y garantizar el Estado de Bienestar.
En ese sentido, una de las quejas del Consell actual e incluso del anterior, del PP, es que con el modelo de financiación actualmente en vigor no llega dinero suficiente a la Generalitat para financiar los servicios públicos fundamentales, lo que deja a la Comunitat Valenciana en una situación muy comprometida respecto a las autonomías que sí tienen garantizado el pago de este tipo de servicios. La creación de ese fondo que defiende el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también ha recibido el apoyo del Banco de España ya que, como defiende Fedea, se considera una herramienta muy útil en épocas económicamente muy complicadas como la que vive ahora la Comunitat Valenciana, donde los ingresos han quedado muy debilitados, por lo que la necesidad de hacer frente a todos los compromisos de pago genera un elevado déficit en los presupuestos todos los años.
Principio de «solidaridad»
Ese fondo común respetaría de forma más adecuada, según Fedea, el principio constitucional de «solidaridad». En ese punto asegura que si se decidiera poner en marcha esta opción sería con un mecanismo parecido al del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, aunque sería necesario diferenciarlo de otros fondos como el de Contingencia y de los mecanismos, como el FLA, que aseguran liquidez a las autonomías.
Fedea asegura que la dotación de ese fondo, que sería obligatorio, se realizaría a través de aportaciones de los presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas en una proporción que tendría que decidirse de forma consensuada. Además, el Estado tendría la capacidad de retener las aportaciones de aquellas autonomías que no quisieran participar.
El efecto distorsionador actual
El Consell defiende en su propuesta de modelo de financiación que el modelo actual tiene un efecto distorsionador que se llama Fondo de Suficiencia ya que éste se encarga de financiar las necesidades de las autonomías, pero lo hace dentro de una lógica que sólo busca atender al objetivo principal, que es el mantenimiento del statu quo donde unas autonomías, especialmente las que mantienen el sistema foral, País Vasco y Navarra, salen muy beneficiadas respecto a, por ejemplo, la Comunitat Valenciana. Según el Consell, los fondos de Convergencia aún hacen todavía más confuso y discutible el resultado de la financiación autonómica.
