La teoría va por un lado y la práctica por otra. El Consell de Ximo Puig ha abierto el melón sobre la función pública valenciana al encargar a un grupo de expertos en Derecho Administrativo un diagnóstico sobre los males de la Generalitat y sus posibles soluciones. El documento ya es público y una de sus conclusiones es que durante años los gobiernos del PP abusaron del sistema de libre designación para cubrir con altos funcionarios puestos claves de la Generalitat, tales como las jefaturas de servicio. El informe debe servir de base para reformar la ley de función pública, pero mientras este compromiso se concreta, el nuevo Consell ha optado por copiar el sistema del PP y apostar por la discrecionalidad a la hora de proveer este tipo de puestos. De hecho, en las últimas semanas se han publicado decenas de convocatorias de diferentes conselleries para cubrir por el sistema de libre designación estas plazas.
La renovación de la nueva cúpula funcionarial tuvo como punto de partida, la publicación de la relación de puestos de trabajo de la Generalitat, la denominada plantilla oficial donde, tal como adelantó este diario, ya se vislumbró que el «dedazo» persistía. Más de 700 puestos (796, concretan los expertos, en su mayoría de los grupos más altos) siguieron con el sistema de libre designación. Una vez publicado el documento, las conselleries han iniciado los procedimientos para elegir a sus funcionarios de confianza. El problema del Consell bipartito es que este procedimiento es coincidente con la presentación del informe de los sabios, que se muestran especialmente duros con esta fórmula: «La situación [el alto número de puestos de libre designación] no es la más acorde con la aplicación de los principios de mérito y capacidad en la provisión de puestos». Admiten que la fórmula es reglamentaria, pero advierten de que «el abuso de esta fórmula y la manera absolutamente inmotivada con que se practica constituye una situación no acorde con dichos principios y derechos», el alusión a los relativos a la igualdad en el acceso a los cargos públicos, la objetividad y el mérito. «No solo eso, sino que tampoco beneficia el correcto funcionamiento de la Administración desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia», añaden.
Pero los expertos de la Función Pública no se quedan en el reproche velado a la política de gestión de personal de los gobiernos del PP. Aprovechan su reflexión para lanzar un mensaje a navegantes al recordar el compromiso a este respecto que subscribieron PSPV y Compromís, socios de Gobierno, en sus respectivos programas electorales. Incluso señalan en el documento los apartados de los documentos electorales donde quedó recogida la promesa.
Los socialistas se comprometían a «despolitizar» los cargos de responsabilidad de los funcionarios y Compromís fue más allá al plantear «cambios normativos urgentes para impedir la consolidación de grado» en los nombramientos por libre designación. Este compromiso tiene enjundia. Cabe apuntar que la normativa actual permite a un funcionario situado «a dedo» en un puesto de responsabilidad consolidar buena parte de su complemento retributivo si permanece más de dos años.
De hecho, muchos altos funcionarios de la era popular han vuelto a sus plazas de origen con un salario reforzado que tendrán de por vida, aunque carezcan ya de responsabilidad. Por lo pronto, tanto Presidencia, como la vicepresidencia y Conselleria de Igualdad que dirige Oltra han tramitado ya convocatorias para elegir «a la persona que considere más idónea».
