El número de ayuntamientos valencianos que no tiene que destinar ni un euro de su presupuesto a pagar deuda pública municipal se ha duplicado en los últimos cinco años, justo desde que el gobierno del PP aprobara en 2012 la Ley de Estabilidad Presupuestaria y obligara a los consistorios a apretarse al máximo el cinturón. Según los datos del Ministerio de Hacienda, 101 municipios de la Comunitat Valenciana han destinado en este ejercicio cero euros al pago de deuda pública. Son 28 ayuntamientos más que en 2015 y 55 más que en 2012.

Y no sólo eso: en los presupuestos de este año de las entidades locales valencianas (es decir, diputaciones y mancomunidades autónomas, además de los ayuntamientos) el dinero empleado para pagar deuda pública supone un 7,4 % del total de los gastos previstos. En 2015 el esfuerzo fiscal de las entidades supuso el 9,9 % de los gastos, y en 2012, cuando el Gobierno de Rajoy obligó a sacar a la luz todas las facturas pendientes a proveedores para financiarlas, el gasto en deuda de los municipios valencianos suponía el 11,15 % del total. Y aquel no fue el año con más gasto en deuda: en 2013 los pagos a los bancos se llevaban el 11,72 % del dinero presupuestados y en 2014 el 11,29 %.

En total, las entidades municipales valencianas han presupuestado en 2016 más de 354,3 millones de euros al pago de deuda pública. Es la cifra más baja desde 2005, aunque hay que tener en cuenta que también la suma de los presupuestos presentados por las entidades en este ejercicio (4.752 millones de euros para gastos) ha sido la más baja de ese mismo periodo. En 2008, en los que podrían considerarse los últimos presupuestos municipales antes del estallido de la crisis, los municipios valencianos destinaron el 7,5 % de sus gastos a pagar deuda y en 2009 el 7,84 %. Para encontrar un saneamiento financiero similar al actual hay que mirar a 2010 cuando los municipios también destinaron el 7,4 % a abonar créditos financieros. Pero es un paralelismo aparente, ya que entonces no existía un control sobre las facturas impagadas a proveedores similar al de la actualidad.

Tanto en la Comunitat Valenciana como a nivel nacional, las entidades locales son las únicas administraciones que registran, desde 2012, superávit de sus cuentas públicas.

El análisis de los presupuestos municipales revela como en 2012 aumentó la deuda municipal en más de 130 millones de euros respecto al ejercicio anterior, al aflorar miles de facturas ocultas, por el plan de pago a proveedores. Desde entonces, los consistorios han estado sometidos a régimen a través de varias dietas: la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 2012, la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada en 2013. Además, el Gobierno puso a disposición de los ayuntamientos más endeudados una serie de mecanismos de financiación como el plan de pago a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que facilitaron los pagos a los municipios al mismo tiempo que les imponían nuevas restricciones.

A modo de ejemplo: en 2008, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando el «boom» del ladrillo permitía a los ayuntamientos ingresar dinero a raudales, las entidades municipales de la Comunitat Valenciana presupuestaron más de 6.108 millones de euros para diversos gastos. Fue el culmen de la época de las grandes infraestructuras y las fiestas patronales con grandes actuaciones, pero también en la que se reforzaron los servicios sociales y los consistorios cubrían las necesidades a las que no llegaba ni el Estado ni la Generalitat. Aquel año, los ayuntamientos valencianos destinaron 3.864 millones a lo que Hacienda calificaba como producción de bienes de carácter social (educación, cultura, sanidad...), seguridad y protección social. Este año el gasto destinado a estos conceptos ronda los 2.965 millones.